Las reformas aprobadas en materia de amnistía y de amparo, por parte del Congreso de la Unión, son inconstitucionales. Para fines prácticos, por medio de la primera, se le otorgan al presidente facultades omnipotentes para excarcelar a cualquier individuo y, por medio de la segunda, se cancela cualquier posibilidad de los ciudadanos de ampararse contra los actos de la autoridad violatorios de sus garantías y derechos.
El discurso oficial justifica las facultades omnímodas del presidente diciendo que es para poder esclarecer crímenes (ofreciendo la libertad a cambio de confesión y/o delación). La realidad es que será utilizada para encarcelar a opositores por el señalamiento de un delincuente, quien declarará lo que la Fiscalía le dicte, a cambio de obtener su libertad. Eso es lo que van a hacer con el caso de la masacre en Iguala.
Ya lo anunció Andrés López: “La ley de amnistía nos va a ayudar a romper el ‘pacto de silencio’ en el caso Ayotzinapa”. Van a imputar a quien se les pegue la gana, con tal de seguir sosteniendo la consigna/propaganda que vendió como candidato.
En el caso del amparo, para expresarlo clara y rápidamente, lo extingue. La figura jurídica inventada por Vallarta en el siglo XIX, queda anulada y, por tanto, los derechos y garantías de los individuos estarán a merced de la voluntad presidencial. Esto es ya, la autocracia, la dictadura.
Las acciones de inconstitucionalidad que se interpondrán tendrán éxito, porque lo que la Constitución otorga no lo puede quitar una ley reglamentaria y/o una secundaria.
