Continúa el deterioro social, económico y político en nuestra entidad federativa. Y ello tiene como eje fundamental la falta de seguridad pública, la ausencia de autoridad y aplicación del orden jurídico. Distintos analistas políticos, a nivel nacional e internacional, han escrito que Guerrero ha pasado de ser un estado fallido, a un estado perdido.
Ya en la Cámara de Senadores se acaba de plantear la posibilidad de declarar que han desaparecido los poderes. Medida extrema que, a mi parecer, no cabe en los supuestos normativos: el Poder Legislativo funciona normalmente, así como el Judicial. El que de plano no funciona, en el ámbito de la seguridad pública, es el Ejecutivo.
Solo que allí también tendríamos que incluir a los respectivos federal y municipales. Es decir, el gobierno federal con la Guardia Nacional no da “pie con bola”; y lo mismo podemos calificar a las policías preventivas de los ayuntamientos. Ni gobernanza ni gobernabilidad. Da la impresión que están pasmados, en el mejor de los casos. Y, lo peor, hay temor de cumplir y hacer cumplir la ley, tal como se protestó (juró) al tomar posesión de los cargos.
Las inversiones que requiere Guerrero no van a llegar. Para ello se requiere competitividad, que es la capacidad de atraer, conservar, proteger, desarrollar y lograr que se reinviertan esas inversiones; las cuales crean empresas, éstas generan empleos directos e indirectos, y éstos producen bienes y servicios. Solo que un elemento esencial de la competitividad es la seguridad, tanto jurídica como pública.
Si no existe, lo demás no se dará. Y, como lo que se ve no se juzga, es de conocimiento general que el gobierno -en sus tres instancias- ha renunciado a cumplir con su deber, atribuciones y responsabilidades, dejando a desprotegidos a los ciudadanos frente a la delincuencia.
¿De qué sirve que paguemos impuestos, si no se reflejan en el servicio de seguridad? Es como si usted, en el ámbito privado, pagara por un servicio que nunca se lo presta el proveedor, seguro que lo demandaría por fraude. Bueno ese es el mismo hecho que tenemos en el ámbito público. Nos estafan.
Aquí hay responsabilidades de los servidores públicos respectivos por no prestar el servicio que la ley les obliga. Recordemos que los delitos no solo pueden ser por comisión, sino también por omisión.
