La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que el presidente López envió al Congreso de la Unión es un grave retroceso, pues se quiere regresarle el monopolio de toda la esta industria a la CFE y que los mexicanos, por medio de los impuestos sigamos subsidiando a una empresa que solo registra pérdidas (su deuda es de 72 mil 803 millones de pesos, que equivale a un 20 por ciento más respecto de 2020. Para dar idea del acelerado proceso de pérdidas, solo en el primer trimestre del 2021, se incrementó 20 por ciento respecto al cierre del 2020). Es como si usted pone un negocio y solo le reporta pérdidas, pero en el lugar de cerrarlo sigue subsidiando con el salario del empleo que tiene y / o pidiendo préstamos con amigos o con usureros.
La contrareforma va a elevar los costos de producción. Al día de hoy, el costo promedio de la CFE para generar un megavatio por hora es de mil 413 pesos; mientras que para los productores privados es de mil 112 pesos (21 por ciento menos). Quien despacha la energía es el Centro Nacional de Control de Energía (que será, entre otros, desaparecido), que adquiere la energía por medio de subastas de largo plazo. El costo promedio por esta vía es de 401 pesos por megavatio / hora (72 por ciento menor al de la CFE).
La contrareforma va a dañar al medioambiente, pues se seguirá ocupando combustóleo y carbón, altamente contaminantes, y se hará a un lado los mecanismos de generar energía por el viento y el sol (la mayoría de los países ya están en esa ruta, mientras que México pretende ir en sentido contrario).
La reforma atenta contra tratados internacionales, contratos, acuerdos comerciales, especialmente el T-MEC. Las demandas que las empresas van a postular en tribunales internacionales de arbitraje superan los 100 mil millones de dólares; algo así como pagar diez veces el cancelado aeropuerto de Texcoco (solo éste nos llevará 25 años liquidarlo frente a los acreedores).
La contrareforma no solo reducirá la competitividad del país, sino que erosionará lo que queda de confianza en los inversores (las calificadoras internacionales ya han manifestado que, de aprobarse, tiene un impacto negativo crediticio, pues nadie querrá arriesgar dinero en un país donde el gobierno , de buenas a primeras, decide no cumplir con sus compromisos.
De prosperar esta reforma regresiva, habrá cuatro opciones: o se invirtió los impuestos, o se recurre a la deuda externa o se recortan gastos en diferentes rubros del presupuesto, o se subsidia (con nuestros impuestos) la energía. Nada es gratis.
El gobierno que se autodenomina 4T no solo frenó la economía al cancelar la obra de Texcoco, sino que hace que el dinero de los contribuyentes se vaya a la basura para seguir subsidiando empresas que reditúan pérdidas, como CFE y PEMEX y descarrila la economía con una contrareforma que, de aprobarse, llevaría al país a un retroceso económico y social grave del que no nos levantaremos en dos generaciones.
