/ viernes 5 de junio de 2020

¿Hay un plan post pandemia?

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, órgano técnico de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en 2019 la federación hizo partícipe al estado de Guerrero de 7 mil 397.4 millones de pesos. Entre enero y abril del presente año, vía participaciones federales, esa cantidad se incrementó a 7 mil 999.2 millones de pesos. Eso significó un aumento de 600.9 millones de pesos en términos absolutos y real de 4.0 por ciento (Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, mayo 2020, SHCP). Sin embargo, esto no alcanza para activar ningún crecimiento económico. Solo es un paliativo que no detona inversión. Y esa es la que precisamente necesitamos los guerrerenses; sobre todo en este momento de crisis sanitaria y económica, en la que se ha detenido la actividad económica. Muchísimas micro, pequeñas y medianas empresas (formales e informales) han parado o cerrado y la gran mayoría no podrán volver a abrir. ¿Se tiene algún plan para no depender de la federación y menos de la administración central? Que, por cierto, desapareció por decreto las zonas económicas especiales (una de ellas en los límites de nuestra entidad federativa y Michoacán); negando toda ayuda a las empresas que son las que generan los empleos, y éstos producen bienes y servicios; y ambos, juntos, pagan la seguridad social y los impuestos.

Héctor Aguilar Camín, en artículo publicado por Milenio el día 4 de junio del año en curso, hace una reflexión sobre que se nos puede venir un tsunami criminal, provocado por la recesión económica. De acuerdo con un estudio hecho por Lantia Consultores, donde se analiza: “Número de hombres jóvenes, de entre 20 y 35 años, porque son, comprobadamente, los más propensos a participar en actividades delictivas. Número de migrantes, de gente nacida fuera del lugar donde vive, que no tiene redes de protección familiar ahí y se siente menos comprometida con la comunidad, menos ‘vista’ por ella. Alteración en los niveles de empleo, variable fundamental porque indica quiénes quedan expuestos, sin ingreso ni protección social, a la escasez, la privación, el hambre. Frecuencia o ‘naturalidad’ del crimen previo a las nuevas condiciones de privación y escasez.”

Así consideradas estas variables, si las contrastamos con las condiciones de marginación, pobreza, desempleo y el hambre en Guerrero (el comburente), que con la falta de una política económica anticíclica (el combustible) se ha incrementado exponencialmente, de acuerdo con el INEGI y el IMSS, teóricamente se pudiere presentar la activación del triángulo de fuego para una explosión. Solo se requiere una chispa (el calor). Las personas eficientes y eficaces, los estadistas, los políticos -que no los demagogos y politicastros- no son los que resuelven problemas, sino los que los prevén, adelantándose para conjurarlos, como Ángela Merkel.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, órgano técnico de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en 2019 la federación hizo partícipe al estado de Guerrero de 7 mil 397.4 millones de pesos. Entre enero y abril del presente año, vía participaciones federales, esa cantidad se incrementó a 7 mil 999.2 millones de pesos. Eso significó un aumento de 600.9 millones de pesos en términos absolutos y real de 4.0 por ciento (Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, mayo 2020, SHCP). Sin embargo, esto no alcanza para activar ningún crecimiento económico. Solo es un paliativo que no detona inversión. Y esa es la que precisamente necesitamos los guerrerenses; sobre todo en este momento de crisis sanitaria y económica, en la que se ha detenido la actividad económica. Muchísimas micro, pequeñas y medianas empresas (formales e informales) han parado o cerrado y la gran mayoría no podrán volver a abrir. ¿Se tiene algún plan para no depender de la federación y menos de la administración central? Que, por cierto, desapareció por decreto las zonas económicas especiales (una de ellas en los límites de nuestra entidad federativa y Michoacán); negando toda ayuda a las empresas que son las que generan los empleos, y éstos producen bienes y servicios; y ambos, juntos, pagan la seguridad social y los impuestos.

Héctor Aguilar Camín, en artículo publicado por Milenio el día 4 de junio del año en curso, hace una reflexión sobre que se nos puede venir un tsunami criminal, provocado por la recesión económica. De acuerdo con un estudio hecho por Lantia Consultores, donde se analiza: “Número de hombres jóvenes, de entre 20 y 35 años, porque son, comprobadamente, los más propensos a participar en actividades delictivas. Número de migrantes, de gente nacida fuera del lugar donde vive, que no tiene redes de protección familiar ahí y se siente menos comprometida con la comunidad, menos ‘vista’ por ella. Alteración en los niveles de empleo, variable fundamental porque indica quiénes quedan expuestos, sin ingreso ni protección social, a la escasez, la privación, el hambre. Frecuencia o ‘naturalidad’ del crimen previo a las nuevas condiciones de privación y escasez.”

Así consideradas estas variables, si las contrastamos con las condiciones de marginación, pobreza, desempleo y el hambre en Guerrero (el comburente), que con la falta de una política económica anticíclica (el combustible) se ha incrementado exponencialmente, de acuerdo con el INEGI y el IMSS, teóricamente se pudiere presentar la activación del triángulo de fuego para una explosión. Solo se requiere una chispa (el calor). Las personas eficientes y eficaces, los estadistas, los políticos -que no los demagogos y politicastros- no son los que resuelven problemas, sino los que los prevén, adelantándose para conjurarlos, como Ángela Merkel.

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