El periódico Reforma publicó información sobre la calificación que la Secretaría de Hacienda, las calificadoras HR Ratings, Fitch y Moody's dan a las entidades federativas. Entre ellas se encuentra la nuestra, que recibió la calificación de “A-”, al igual que Nuevo León, Baja California, Sonora, Chiapas y Zacatecas; pero debajo de Durango, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí y Tamaulipas, que tuvieron una “A”; y mucho más abajo que Baja California Sur, Campeche, Sinaloa, Tabasco y Yucatán, que tuvieron “A+”. Ya no se diga de Estado de México y Puebla, con “AA-”: o de la Ciudad de México y Aguascalientes, con una “AAA”.
Para otorgar dicha calificación se evalúa: balance financiero entre ingresos y egresos, deuda, servicio de deuda (intereses), pasivo circulante, dependencia presupuestaria (grado de recaudación propia frente a la federación), contingentes (juicios, laudos, pensiones). Por ello podemos decir que andamos a media tabla, porque no tenemos la terrible calificación de la triple “B” como otros estados como Coahuila, Nayarit, Michoacán, entre otros; o de la desahuciadora “BBB-” como Veracruz.
Así las cosas, la organización “México, cómo vamos” publica en su página los resultados recabados de diversas instituciones gubernamentales y organismos autónomos como el INEGI y nos presenta el siguiente cuadro sobre Guerrero: en crecimiento económico llevamos el 1.1 por ciento (por lo menos la administración de Astudillo supera a la de López que es de 0.0 por ciento), que es una tasa menor a la del 4.5 por ciento que es la meta anual. En empleos formales generales acumulados, la meta es de 16 mil 700 empleos, pero la realidad es que han sido tres mil 834 menos; es decir, se generó 75 por ciento menos de la meta. En productividad (más pesos producidos por hora trabajada), se pasó de 88 pesos a 81, del primer trimestre de 2018 al primer trimestre de 2019; que es menor al del nivel nacional que es de 164 pesos. En pobreza laboral (porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta básica alimentaria con su salario) pasó de 60.1 a 61.5 por ciento, entre el segundo trimestre de 2018 a su similar de 2019. En cuanto a la informalidad, ésta aumentó de 71.3 a 72.7 por ciento; que es mayor al del nivel nacional, que es de 52 por ciento. La deuda pública se redujo, del 1.9 al 1.8 por ciento con respecto al PIB, siendo menor al promedio nacional que es de 2.7 por ciento. La desigualdad laboral pasó del 0.384 al 0.379, siendo mayor que el nacional, que es de 0.378. Por lo que hace al porcentaje de la población ocupada por el gobierno, bajó del 4.2 al 4.0 por ciento en el periodo del segundo trimestre de 2018 al similar de 2019; siendo mayor al del promedio nacional que es de 38 por ciento.
