Cada Nación establece en su legislación un conjunto de impuestos que deben pagar sus ciudadanos para que, con éstos, los respectivos gobiernos hagan obras y presten servicios; entre los que se encuentran el de la seguridad pública, la procuración y administración de justicia. En otras palabras, el Estado de Derecho garantiza que el ciudadano debe sentirse seguro en sus bienes, sus propiedades, su integridad física; que nada ni nadie atentará contra su patrimonio, so pena de recibir el justo castigo por la transgresión, toda vez que existe la soberanía (supremacía por sobre cualquier corporación, grupo o interés). Por eso le pagamos al gobierno el impuesto predial, el relativo a nuestros ingresos, entre otros. A cambio, se supone que recibimos la protección por parte de las instituciones erigidas para la tranquilidad, paz y el bienestar nuestro. Ese es uno de los acuerdos fundamentales del pacto social. Pero si, frente al cumplimiento de nuestros deberes, el gobierno -en cualquiera de sus tres instancias- incumple con el suyo, siendo incapaz, ineficiente, ineficaz u omiso en protegernos del cobro de los mismos impuestos que otro grupo o entidad nos exige, entonces está fallando el gobierno, ya sea porque abjura de sus atribuciones y deberes o porque se los están arrebatando. En cualquiera de los casos las funciones e instituciones del Estado están fallando. A eso se le llama Estado fallido. O dígame si no, después de leer el siguiente concepto: “Un Estado fallido es aquel que no puede garantizar su propio funcionamiento o los servicios básicos a la población. Eso puede deberse a que ha perdido el monopolio de la fuerza, sufre un vacío de poder, legitimidad disputada o instituciones frágiles, o carece de capacidades y recursos para satisfacer las necesidades esenciales de sus ciudadanos, entre otras causas.” (¿Qué es un Estado fallido?, por Rodrigo Castellanos en la revista digital El orden mundial, 17 de noviembre de 2020).
Cada Nación establece en su legislación un conjunto de impuestos que deben pagar sus ciudadanos para que, con éstos, los respectivos gobiernos hagan obras y presten servicios; entre los que se encuentran el de la seguridad pública, la procuración y administración de justicia. En otras palabras, el Estado de Derecho garantiza que el ciudadano debe sentirse seguro en sus bienes, sus propiedades, su integridad física; que nada ni nadie atentará contra su patrimonio, so pena de recibir el justo castigo por la transgresión, toda vez que existe la soberanía (supremacía por sobre cualquier corporación, grupo o interés). Por eso le pagamos al gobierno el impuesto predial, el relativo a nuestros ingresos, entre otros. A cambio, se supone que recibimos la protección por parte de las instituciones erigidas para la tranquilidad, paz y el bienestar nuestro. Ese es uno de los acuerdos fundamentales del pacto social. Pero si, frente al cumplimiento de nuestros deberes, el gobierno -en cualquiera de sus tres instancias- incumple con el suyo, siendo incapaz, ineficiente, ineficaz u omiso en protegernos del cobro de los mismos impuestos que otro grupo o entidad nos exige, entonces está fallando el gobierno, ya sea porque abjura de sus atribuciones y deberes o porque se los están arrebatando. En cualquiera de los casos las funciones e instituciones del Estado están fallando. A eso se le llama Estado fallido. O dígame si no, después de leer el siguiente concepto: “Un Estado fallido es aquel que no puede garantizar su propio funcionamiento o los servicios básicos a la población. Eso puede deberse a que ha perdido el monopolio de la fuerza, sufre un vacío de poder, legitimidad disputada o instituciones frágiles, o carece de capacidades y recursos para satisfacer las necesidades esenciales de sus ciudadanos, entre otras causas.” (¿Qué es un Estado fallido?, por Rodrigo Castellanos en la revista digital El orden mundial, 17 de noviembre de 2020).
