Aferrado a aplicar medidas que lo distingan del pasado, aunque se incurra en burdo reciclaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió desde 2018 la creación de un organismo público descentralizado encargado de vender bienes muebles e inmuebles confiscados por actividades ilícitas para redistribuir las ganancias a programas sociales.
Tuvo a bien bautizarlo Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep).
En los hechos, se trata del desaparecido Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda, pero con otra denominación más ad hoc a la línea e imagen de la Cuarta Transformación.
Entre las funciones del Indep destaca la organización de subastas públicas “con sentido social”, es decir, lo mismo que hacía el SAE sin ese subtítulo rebuscado. La diferencia, según su justificación, es que lo obtenido de los artículos, propiedades y vehículos asegurados se destina a las comunidades más marginadas del país.
Concebido así, llama la atención que el presidente utilice al Indep para propósitos ajenos a su esencia y consienta una serie de anomalías contrarias a la política anticorrupción que es bandera del actual gobierno federal. Basta referir que parte del dinero recaudado por el Instituto haya sido utilizado para costear la bolsa de 2 mil millones de pesos en premios que ofrecía el costoso y malogrado capricho de la rifa del avión presidencial, cuando ese recurso bien pudo destinarse, por ejemplo, a los municipios más castigados por la pandemia.
Aunque el Indep es presentado como organismo insignia de la 4T -su denominación es evidencia de ello-, hoy encubre otro asomo de corrupción en esta administración.
Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero del Instituto Federal Electoral (hoy el INE) y abierto partidario de López Obrador desde siempre, fue designado director del Indep el pasado 3 de junio.
Sin embargo, hace seis días, presentó su renuncia al cargo mediante una carta donde denuncia serias irregularidades cometidas por funcionarios del Instituto que van desde la alteración y manipulación de equipos electrónicos en subastas, hasta el hurto de unas 23 piezas de diamante, zafiro y oro “mutilados” a joyas incautadas.
La denuncia no es menor.
Morena llegó al poder prometiendo combatir la corrupción heredada por gobiernos priístas y panistas, a los ladrones de cuello blanco, los desvíos de recursos públicos y la concentración del poder en grupos políticos específicos. Esas prácticas, no obstante, se retoman bajo un falsa doctrina que las justifica al amparo de privilegiar a las clases más desprotegidas. De ahí el apelativo “Devolverle al Pueblo lo Robado” que se endosa al instituto referido, a manera de justificar la mala emulación de Robin Hood.
Mismos vicios, personajes y siglas partidistas distintas. Al final, lo mismo.
Aquella abrumadora mayoría que en 2018 optó por otra alternativa política no pretendía mantener el nepotismo para enquistar otros apellidos, o el favoritismo en la asignación de contratos y obras a particulares estrechamente ligados al primer mandatario.
En este país nada ha cambiado. La única transformación visible es la de una izquierda partidista que dejó el color amarillo para vestirse de guinda, conservando los vicios y prácticas de origen del sistema que ahora recae en sus manos, y adoptar la indigna expresión de “el que no transa, no avanza”.
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