El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmó un recelo social latente: el efecto mortífero del Covid-19 tiene un alcance mayor en México con respecto a las estadísticas diarias que ofrece la Secretaría de Salud federal.
Mediciones del instituto, con base en actas de defunciones, advierten que el virus Sars Cov 2 ha causado un promedio de 452 muertes diarias entre enero y agosto de 2020 en todo el país, sin contabilizar el último cuatrimestre del mismo año en que la tendencia de contagios no se mantuvo estable ni se contrajo.
Durante el periodo referido, según el INEGI, el número acumulado de muertes por Covid fue de 108 mil 658 casos, contra 75 mil 17 reportado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, es decir, una diferencia de 44 por ciento aproximadamente. En el contexto de la emergencia sanitaria y sus secuelas, el margen resulta alarmantemente abismal.
El estudio del INEGI es revelador porque refuta, además, cualquier estimación sobre la velocidad de contagios y defunciones de una autoridad sanitaria federal que ha intentado, sin ningún criterio científico riguroso, minimizar la prevalencia de la enfermedad para aferrarse públicamente a la falacia de que la contingencia está bajo control.
Tristemente, el panorama es desalentador. Las vacunas no son suministradas con la prontitud deseada y el esquema de inoculación del gobierno federal goza de ofensiva desorganización. Actualmente dependemos de la vacuna Sputnik de Rusia, cuyos resultados de la fase 3 son desconocidos por toda la comunidad científica internacional, al igual que su eficacia, pero en las previsiones se ha omitido la aparición de nuevas cepas que podrían ser inmunes a los biológicos producidos.
Además, si los pronósticos más conservadores se cumplen, el grueso de la población en nuestro país estaría vacunada hasta finales de 2022.
La pandemia aún se avista larga y lo único que podemos hacer como sociedad es aprender a vivir con ella. Cerrar las actividades productivas ya no es opción. La economía agoniza y a los ciudadanos nos mata el virus o el hambre. El semáforo rojo en Guerrero, vigente desde este primer puente largo del año hasta el próximo 14 de febrero, tendrá un impacto negativo para la actividad turística que no pudo recuperar en diciembre parte de las pérdidas acumuladas desde marzo del año pasado.
A los gobiernos corresponde aumentar los espacios hospitalarios y ofrecer en estos tratamientos adecuados y homologados con los brindados en hospitales privados porque no puede obviarse que los pacientes de instituciones públicas se enfrentan a desabasto de medicamentos, de pruebas y de personal sin capacidad -no todos, pero hay evidencias de negligencia en algunos casos- para hacer frente a la enfermedad. También compete revisar sesudamente la política económica porque los cierres y las restricciones inflexibles terminarán causando un rebrote de desempleo y de inseguridad pública a consecuencia de la falta de ingresos.
Es un hecho que toda autoridad sanitaria, en lo federal y en lo local, está rebasada sobremanera por la pandemia. Sin linchamientos ni confrontaciones que no resuelven el tema de salud, es momento de hacer un alto en la estrategia actual, aceptar los yerros y corregirlos para enfrentar sin improvisaciones ni fobias políticas al verdadero enemigo global.
