No es una sorpresa para nadie decir que un punto que hace difícil el combate al crimen organizado, está en el manejo económico que realizan y las investigaciones llevan a considerar a un lavado de dinero a través de diversas formas, desde la instalación de negocios hasta la filtración a grupos de poder político, social, deportivo, a decir de los expertos en materia de seguridad. El crecimiento de estos grupos, señalan también, obedecería al crecimiento de los tentáculos del pulpo de la delincuencia por él país, cuya cabeza radica su poder en el manejo financiero que hacen gala. Y uno de los brazos de justicia usados por el Gobierno Federal en funciones para frenar, combatir y no sé si exterminar el problema, recae en la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, y su titular Santiago Nieto.
En plena pandemia, cuando las arcas municipales están prácticamente vacías por la falta de pagos por diversos servicios y están en riesgo de solventar no solo las necesidades propias para atender a la población en la emergencia, sino también en el pago de nómina, a 5 Ayuntamientos del Estado de Jalisco les fueron congeladas las cuentas. Si le quitamos lo político a la acción, y ponderamos solo el combate a grupos organizados fuera de la ley, tenemos una acción que se mueve entre lo legal y lo conveniente.
La acción para inhibir la asociación delictiva ha llevado al congelamiento de cuentas en los Estados de Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, entre otros, al actuar contra 21 personas y 53 cuentas de los Zetas, en Veracruz; contra 25 personas y 43 cuentas presuntamente relacionados a los Rojos de Guerrero. En estados donde actúa el Cártel del Golfo, se han congelado 5 cuentas y 30 personas: y en la Ciudad de México, la Unión Tepito y Anti unión han recibido también la fuerza de la ley al congelar 10 cuentas y cinco personas. Y dentro de las más relevantes por estar ligado a la política, se encuentra el caso del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya.
Datos a noviembre de 2019 dados a conocer por Santiago Nieto, Titular de la UIF presentan 9 mil 345 cuentas congeladas por estar, presuntamente, ligadas a un mil 221 presuntos –de nuevo- sujetos que actúan fuera de la ley (no quisiera llamarlos delincuentes ya que corresponde a una figura jurídica que debe emplear el gobierno). Y el mes en curso, con la anuencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han sido bloqueados los movimientos bancarios a los Ayuntamientos de Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Villa Purificación, El Grullo y Juchitlán.
Este día, habrán de desahogarse juicios de garantía en audiencia incidental (el 8 de julio será la constitucional) luego de que se promovieron Juicios de Amparo ante el Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Tercer Circuito quienes, como el Municipio de Autlán, sustentan su decisión en el riesgo del manejo de la administración pública y el aprovisionamiento de servicios.
Si la medida tiene bases en investigación seria –no dudamos-, si la acción tiene bases en perfiles de corrupción sustentados con datos que lleven nombre y apellido. si hay una fuerza externa que mueva a los titulares de los Ayuntamientos, porqué llevar a todo un municipio a la indefensión gubernativa y colocarla en el límite de la “salvación” justo por lo que se persigue?. Surrealismo?
