El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una sanción de 197 millones de pesos al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido político del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, por presuntas inconsistencias en el manejo y aplicación de un esquema financiero creado durante la pasada campaña para apoyar a damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre.
Se trató de un fideicomiso creado por Morena, bajo el nombre de “Por los demás”, que operó con recursos aportados por particulares y otros de origen desconocido. El monto total captado por este fideicomiso fue de 78.8 millones de pesos.
“Por los demás”, según el resolutivo del INE, habría incurrido en conductas atípicas y en opacidad al no reportar a la autoridad las operaciones de este esquema, a cargo de personas “con estrecha relación” a Morena.
Benito Nacif, consejero del INE, consideró riesgoso para la democracia avalar ese tipo de esquemas porque, en adelante, “abriríamos una ruta muy grande (sic) para que los partidos evadan sus obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas, a través de fideicomisos que les permitirán recibir recursos no aprobados, y realizar actividades que no tienen permitidas”.
Apenas se anunció la multa y sus consideraciones, López Obrador estalló y acusó al órgano electoral de incurrir en una “vil venganza” en su contra por la animadversión hacia su proyecto desde 2006, año en que contendió contra Felipe Calderón Hinojosa, y atizó, incluso, sus señalamientos de fraude contra el INE.
La noche del pasado 1 de Julio, cuando cerraron las urnas y se confirmó su victoria, López Obrador llamó a la reconciliación nacional, en un tono evidentemente moderado que parecía un intento de operación cicatriz tras una elección marcada por descalificaciones, denuestos y violencia.
El llamado al cierre de filas, no obstante, tuvo una duración efímera. El presidente electo, ahora, retornó al mensaje revanchista, con ciertos dejos de odio, ante la sanción contra su partido. En 2006 y 2012, derrotado en las urnas, mandó al carajo a las instituciones. Hoy, como presidente electo, lo vuelve a hacer al cuestionar la sanción del órgano electoral, sin duda, bien fundamentada.
La legitimidad de López Obrador como nuestro próximo presidente no está en duda. Su triunfo fue contundente, al igual que el de su partido en las elecciones locales de todo el territorio nacional, pero una actitud de contravención a las instituciones del propio jefe de la nación advierte una ruptura con las instituciones, base de nuestro sistema democrático, que no conviene a la estabilidad del país.
Una actitud de esta naturaleza, además de abonar al encono nacional, manda señales de incertidumbre al exterior donde se requiere afianzar una imagen de confianza y garantías a la inversión, a la llegada de turismo internacional y a los acuerdos comerciales con otras naciones que fortalezcan las exportaciones e importaciones.
La conciliación es la vía en aras de la paz social y de la estabilidad, pero ésta no debe ser a modo ni fabricada a partir de un capricho político con tufo de revancha.
Por el bien de México, estos aires de regresión deben disiparse antes del 1 de diciembre o estaremos al borde de un régimen totalitarista donde sólo una verdad y una razón serán válidas y efectivas: las del presidente.
