El reflejo del trabajo legislativo de los diputados federales en los distritos que dicen representar es tan ridículo como el vínculo con sus votantes. A ello puede atribuirse que las elecciones intermedias sean meramente incidentales cuando se trata de sufragar por alcaldes, gobernadores o un presidente de la República cada seis años.
Ser diputado, en general, significa tener garantizada una jugosa dieta por levantar la mano y servir de comparsa en las decisiones de sus respectivas bancadas. A eso se reduce la notable labor de 300 diputados de representación proporcional y 200 de mayoría relativa que en 2020 nos costaron la nada risible cantidad de 7 mil 076 millones de pesos, fruto de nuestros impuestos.
Y a falta de propuestas realizables sobre su labor y el impacto del mismos en sus respectivos distritos, los votantes eligen diputados por inercia sin reflexión ni análisis sesudo de por medio.
Así fue como el Movimiento Regeneración Nacional consiguió en 2018 su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de Senadores. Sus hoy legisladores, sin hacer campaña ni enarbolar causas específicas, sólo debieron presentarse con las siglas de Morena para obtener esa encomienda. El resultado de eso no es una sorpresa: el Congreso de la Unión hoy está convertido en oficialía de partes de la Presidencia de la República para dar entrada a sus iniciativas y aprobarlas fast track sin cabida al debate, mucho menos a ajustes.
No es que antes salvaguardara nuestros intereses y promoviera puntos de acuerdo para consolidar el progreso y desarrollo del país, pero la subordinación actual del Poder Legislativo al alto mando de Palacio Nacional es burda, humillante y amenazante también. Extender la dominancia morenista tres años más -lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador- implicaría dar rienda suelta a toda iniciativa presidencial que apuntale su proyecto político, más no el de una nación, como la recién aprobada reforma judicial que prevé extender el mandato al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, afín a la 4T; la también reforma energética que apuesta por la nacionalización del sector; el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con signos visibles de persecución política, o el apretón presupuestal a entidades federativas gobernadas por detractores de López Obrador.
Para ese despropósito Morena convoca, imprudentemente, al voto 4 de 4 en los 15 estados donde este 6 de junio se definen gubernaturas, o sea, sufragar por ese partido al elegir gobernador, alcaldes, diputados federales y diputados locales, so pena del perfil, trayectoria o capacidad de sus candidatos. Se trata solamente de mantener una tropa servil mayoritaria en la Cámara baja que garantice la consolidación de los propósitos presidenciales en puerta con sus respectivos votos.
La sobrerrepresentación está impedida por ley, pero las argucias legislativas al interior posibilitan una mayoría de facto si se incurre en la obediencia adormecida de votar por un movimiento político en general y no por las personas en específico.
El voto reflexivo es obligación democrática de todo ciudadano en aras de un país con equilibrios y de pluralidad política, y no debe ser inducido a condición de preservar algunos programas sociales federales.
La del 6 de junio, anunciada como la contienda comicial más grande de la historia de México, apremia electores apartados del maniqueísmo infundido por el partido político dominante porque, sin ánimo fatalista, se estará decidiendo el rumbo de México en medio de una turbulencia económica y social que advierte con extenderse al enrarecido terreno político.
