La amenaza de la presidenta del puerto de Acapulco de cortar el suministro a quienes no pagan el servicio de agua, así como meterlos al buró de crédito, es toda una aberración jurídica que no se entiende de alguien que presume ser letrada con títulos de licenciatura, maestría y al parecer doctorado; salvo que sea su equipo de asesores quien le dio la brillante idea. De ser así; ¡CORRALOS!
En primer lugar, el suministro del agua potable es un servicio público que otorga el ayuntamiento, que por supuesto se debe cobrar… lo justo, cuando el servicio es óptimo, con suministro las 24 horas los 365 días del año, lo cual no acontece en nuestro municipio , donde sólo se surte por tandeo algunos días de la semana en solo algunas colonias En otras muchas el agua no llega por lo que tienen que abastecerse con pipas propiedad de varios políticos y servidores públicos.
En pero, por ningun motivo se puede cortar totalmente el suministro del vital liquido; si, vital liquido necesario para la supervivencia humana.
Sin embargo, resulta contradictoria su amenaza cuando en campaña por la presidencia de Acapulco ella arengaba a las personas con no pagar el consumo del agua por las cantidades exhorbitantes que cobraba la paramunicipal. "No es lo mismo ser borracho que cantinero", como dice el dicho.
Por otro lado, amenaza también con meter al buró de crédito a quien no pague su consumo de agua. No tampoco señora o doctora en derecho, es por ese lado. El buró de crédito tiene un fundamento legal en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (LRSIC), como organización que proporciona servicios de recopilación, manejo y entrega de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales.
Sus bases están integradas por los datos de referencia a la cartera vencida u operaciones crediticias fraudulentas, y es aportada directamente por los usuarios; es decir las entidades financieras, empresas comerciales que realizan operaciones de crédito y son distintas a las entidades financieras y Sofomes no reguladas, quienes serán los únicos que podrán acceder a toda la información, sin menoscabo de la existencia de una autoridad judicial o fiscal.
Luego, los organismos públicos como la CAPAMA no están considerados en estos rubros, por lo que los morosos no pueden ser objetos de quedar enlistados en el buró de crédito, mucho menos cuando no es un crédito el que CAPAMA otorga a los usuarios, es un servicio que se paga o no se paga y en este caso, hay mecanismos legales para cobrarse.
Lo cierto es que CAPAMA tiene un déficit millonario que le impide funcionar en condiciones óptimas, amén de ser la caja chica de los funcionarios que la han saqueado. Lo que se debe hacer es dejar populismos y cobrar a todas las personas que se cuelgan de las mangueras de los tanques de agua, arriba en los cerros, sin pagar un peso por ella.
Checar los morosos, sobre todo a los que viven en las unidades habitacionales y se escudan diciéndose pobres, por lo que no pagan el servicio y aún así se les surte el agua, pero eso si, tienen un carro -o varios- (último modelo ) en los cajones de su estacionamiento y presume comer en tal o cual restaurante de lujo o irse de vacaciones hasta el extranjero.
Así como también, verifique los pozos de agua escondidos de las grandes empresas como hoteles y tiendas departamentales, clubes de golf, etcétera, que tampoco pagan el consumo de agua.
Elaborar un censo real de los usuarios y de quienes no pagan el líquido. A los morosos aplicarles la ley fiscal que será el encargado de hacer el procedimiento económico coactivo y cobrar lo justo con los recargos que esto conlleva.
