/ domingo 28 de mayo de 2023

Erradicar los “inocentes” descuidos

El efecto de la reforma a Ley revela una convicción: las violencias de género y familiar se deben erradicar en cualquier espacio y en cualquier lugar.

La semana pasada, el Senado elevó a rango constitucional la llamada Ley 3 de 3, la cual impide a deudores alimentarios, agresores sexuales o culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público.

Cumplir con las pensiones alimenticias no es una opción que se pueda dejar de realizar, es una obligación.

La violencia de género tiene diversas manifestaciones que deben ser visibilizadas y enfrentadas con los instrumentos legales pertinentes.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país se registraron en el primer cuatrimestre de este año más de 184 mil llamadas de emergencia por violencia familiar, de ellas, mil 839 correspondieron a Guerrero.

Los reportes de todo el país que atiende el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a través de la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533, permiten identificar que el mayor riesgo ocurre en el hogar y con personas cercanas en lo sentimental o consanguíneo.

Romper con la dinámica de violencia implica empoderamiento emocional, económico y jurídico. Terminar con una relación de pareja —de donde proviene el 80 por ciento de las agresiones— y expulsar al agresor del hogar —donde suceden 8 de 10 casos de violencia— es un primer paso.

El incumplimiento en los compromisos alimentarios representa una forma de violencia económica, prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que afecta directamente a las y los descendientes.

No se trata de un “inocente” descuido. Es una práctica que no se puede justificar. Incumplir con la responsabilidad de manutención propicia daños económicos y afectación psicológica en las y los menores de edad que no reciben pensión alimenticia.

En México, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y dos de cada tres madres enfrentan la evasión de las obligaciones de sus ex parejas.

Las reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política son un instrumento valioso para impulsar la erradicación de estas conductas.

@guerrerochipres

El efecto de la reforma a Ley revela una convicción: las violencias de género y familiar se deben erradicar en cualquier espacio y en cualquier lugar.

La semana pasada, el Senado elevó a rango constitucional la llamada Ley 3 de 3, la cual impide a deudores alimentarios, agresores sexuales o culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público.

Cumplir con las pensiones alimenticias no es una opción que se pueda dejar de realizar, es una obligación.

La violencia de género tiene diversas manifestaciones que deben ser visibilizadas y enfrentadas con los instrumentos legales pertinentes.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país se registraron en el primer cuatrimestre de este año más de 184 mil llamadas de emergencia por violencia familiar, de ellas, mil 839 correspondieron a Guerrero.

Los reportes de todo el país que atiende el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a través de la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533, permiten identificar que el mayor riesgo ocurre en el hogar y con personas cercanas en lo sentimental o consanguíneo.

Romper con la dinámica de violencia implica empoderamiento emocional, económico y jurídico. Terminar con una relación de pareja —de donde proviene el 80 por ciento de las agresiones— y expulsar al agresor del hogar —donde suceden 8 de 10 casos de violencia— es un primer paso.

El incumplimiento en los compromisos alimentarios representa una forma de violencia económica, prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que afecta directamente a las y los descendientes.

No se trata de un “inocente” descuido. Es una práctica que no se puede justificar. Incumplir con la responsabilidad de manutención propicia daños económicos y afectación psicológica en las y los menores de edad que no reciben pensión alimenticia.

En México, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y dos de cada tres madres enfrentan la evasión de las obligaciones de sus ex parejas.

Las reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política son un instrumento valioso para impulsar la erradicación de estas conductas.

@guerrerochipres