La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita presentó un escrito “de solicitud de declaración de procedencia” en contra del mandatario en San Lázaro. En el escrito se establecen como causas de la solicitud “la probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada”.
El tema no tardó en convertirse en uno de los de mayor relevancia en las redes sociales. La polarización política que se vive de cara a la elección, se dejó ver por parte de un bando y del otro. Quienes defendieron al gobernador, comentaron que se trataba de un ataque político en pleno escenario electoral. Criticaron a la Fiscalía por su “falta de autonomía”. Por su parte, los aliados de la 4T respaldaron y celebraron la decisión como una muestra más del combate a la impunidad. ¿A quién creerle?
Hace apenas unos meses, el tamaulipeco hizo el señalamiento en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en San Luis Potosí, frente a la secretaria de Gobernación. Entonces exclamó: “No voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena. No voy a permitir que debiliten la legitimidad del estado de Tamaulipas para seguir enfrentando al crimen organizado”. Lo anterior, en referencia a la denuncia que presentó en su contra Alejandro Rojas Díaz-Durán, quien lo acusó de tener vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas.
Después de muchas décadas, una de las más grandes desgracias del país ha sido el hecho de que cuando se trata de la “probable” comisión de delitos que involucran apolíticos, especialmente en épocas electorales, la discusión pública del tema confunde a la sociedad. Las instituciones quedan en duda pues no se sabe a ciencia cierta si actúan de manera neutral o se sesgan por otros intereses no legítimos.
Por esta razón, más que tomar partido, el caso sirve para evidenciar la precariedad de nuestro sistema de procuración de justicia. La discusión sobre la “autonomía” de la FGR sigue vigente.
A partir de la participación de grupos de expertos, surgió una propuesta que va desde la eliminación del pase automático de servidores públicos de PGR a la FGR, hasta la transición del personal basado en criterios de selección objetivos y la condición en la que el Presidente de la República no tenga la facultad de remover al Fiscal General. Las modificaciones planteadas también se enfocan a la revisión del perfil y nombramientos basados en criterios que garanticen la autonomía; reglas para ordenar el sistema de competencia; la creación de una comisión de designaciones y un Consejo de la Fiscalía y criterios para remoción del fiscal.
Todo indica que estas modificaciones siguen siendo necesarias para evitar que un tema tan delicado como el que involucra a Cabeza de Vaca, no queden como en el pasado, en la simple discusión mediática, que tantas veces ha terminado en negociación política. La #SociedadHorizontal debe retomar este tema y empujarlo. La evolución de las instituciones hoy reclama que en materia de justicia, tengamos un modelo que se encuentra por encima de cualquier personaje o circunstancia.
