/ jueves 26 de agosto de 2021

¿Persecución política o administración de justicia?

El domingo pasado, la presentación de un video en el que Ricardo Anaya denunció una persecución política en su contra, abrió una gran polémica sobre la forma en que se procura justicia en el actual gobierno. El ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), quien por cierto disputó el poder contra el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador en los comicios de 2018, informado que llegaron un citatorio para acudir al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la capital mexicana. Anaya sostuvo que no acudiría a dicho llamado, que es inocente y que dejará el país para evitar 30 años de cárcel.

Sin duda alguna, este caso pondrá a discusión como pocos, las distorsiones que desde hace décadas prevalecen en nuestro país, en torno a la forma en que se administra justicia. Sirva para hacer esta reflexión lo que Ana Laura Magaloni señala en uno de sus textos más recientes. “Los tribunales y las fiscalías históricamente han custodiado tres de los pilares centrales de nuestro régimen oligárquico: 1) la marginalidad jurídica de la inmensa mayoría de las personas, 2) la legalización de privilegios y 3) el control político del sistema de justicia”.

La autora subraya que nuestro sistema de justicia significa “para unos pocos, el trato jurídico preferencial producto del dinero o el poder, la ventanilla exclusiva, los acuerdos judiciales confeccionados a la medida y en lo oscuro”. El caso Anaya pone a discusión, dos de estas variables: por un lado, los privilegios de que han gozado integrantes de la clase política y el control político del sistema judicial.

A lo largo de los últimos sexenios, el deterioro de la vida pública evidenció múltiples ejemplos de cómo este flagelo carcomió nuestro sistema político. Temas como los sobornos en el poder legislativo o la triangulación de recursos, son acciones que por múltiples evidencias, están en el imaginario colectivo de los mexicanos. Es obvio que el fantasma de estas dinámicas está subyacente, ante el señalamiento a Ricardo Anaya por haber recibido 6.8 millones de pesos como diputado.

Sin embargo, el reto que prevalece en un país como el nuestro es que, aún cuando llegaran a presentarse tests contundentes en este caso, la cultura política imperante en México tiende a “victimizar” a aquel que, aunque haya infringido la ley, logra el respaldo de importantes sectores de la sociedad, a partir de su confrontación con el poder. Es precisamente la herencia del control político del sistema de justicia, en un régimen presidencialista, lo que inconscientemente retroalimenta la impunidad.

Al tratarse del ex candidato presidencial del hoy principal partido de oposición, si se logra establecer un ejemplo contundente de aplicación de la justicia, con evidencias irrefutables respecto a la imputación de hechos ilícitos, se sentará un precedente importante en contra de los privilegios de los que largamente se benefició la clase política. Por otro lado, si no es así, la percepción de arbitrariedad en la administración de justicia debilitará a las autoridades, Anaya se victimizará como perseguido e intentará proyectar su imagen como candidato hacia el 2024.

Más allá de la coyuntura política y del futurismo sucesorio, lo cierto es que este caso deja en evidencia el principal pendiente que tenemos como país: construir un sistema de justicia confiable, en el que se acaben los privilegios y el uso político de los tribunales. La #SociedadHorizontal deberá avocarse en construir el sistema judicial que requiere el país; uno que sea accesible para todos, no solo para unos cuantos.


El domingo pasado, la presentación de un video en el que Ricardo Anaya denunció una persecución política en su contra, abrió una gran polémica sobre la forma en que se procura justicia en el actual gobierno. El ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), quien por cierto disputó el poder contra el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador en los comicios de 2018, informado que llegaron un citatorio para acudir al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la capital mexicana. Anaya sostuvo que no acudiría a dicho llamado, que es inocente y que dejará el país para evitar 30 años de cárcel.

Sin duda alguna, este caso pondrá a discusión como pocos, las distorsiones que desde hace décadas prevalecen en nuestro país, en torno a la forma en que se administra justicia. Sirva para hacer esta reflexión lo que Ana Laura Magaloni señala en uno de sus textos más recientes. “Los tribunales y las fiscalías históricamente han custodiado tres de los pilares centrales de nuestro régimen oligárquico: 1) la marginalidad jurídica de la inmensa mayoría de las personas, 2) la legalización de privilegios y 3) el control político del sistema de justicia”.

La autora subraya que nuestro sistema de justicia significa “para unos pocos, el trato jurídico preferencial producto del dinero o el poder, la ventanilla exclusiva, los acuerdos judiciales confeccionados a la medida y en lo oscuro”. El caso Anaya pone a discusión, dos de estas variables: por un lado, los privilegios de que han gozado integrantes de la clase política y el control político del sistema judicial.

A lo largo de los últimos sexenios, el deterioro de la vida pública evidenció múltiples ejemplos de cómo este flagelo carcomió nuestro sistema político. Temas como los sobornos en el poder legislativo o la triangulación de recursos, son acciones que por múltiples evidencias, están en el imaginario colectivo de los mexicanos. Es obvio que el fantasma de estas dinámicas está subyacente, ante el señalamiento a Ricardo Anaya por haber recibido 6.8 millones de pesos como diputado.

Sin embargo, el reto que prevalece en un país como el nuestro es que, aún cuando llegaran a presentarse tests contundentes en este caso, la cultura política imperante en México tiende a “victimizar” a aquel que, aunque haya infringido la ley, logra el respaldo de importantes sectores de la sociedad, a partir de su confrontación con el poder. Es precisamente la herencia del control político del sistema de justicia, en un régimen presidencialista, lo que inconscientemente retroalimenta la impunidad.

Al tratarse del ex candidato presidencial del hoy principal partido de oposición, si se logra establecer un ejemplo contundente de aplicación de la justicia, con evidencias irrefutables respecto a la imputación de hechos ilícitos, se sentará un precedente importante en contra de los privilegios de los que largamente se benefició la clase política. Por otro lado, si no es así, la percepción de arbitrariedad en la administración de justicia debilitará a las autoridades, Anaya se victimizará como perseguido e intentará proyectar su imagen como candidato hacia el 2024.

Más allá de la coyuntura política y del futurismo sucesorio, lo cierto es que este caso deja en evidencia el principal pendiente que tenemos como país: construir un sistema de justicia confiable, en el que se acaben los privilegios y el uso político de los tribunales. La #SociedadHorizontal deberá avocarse en construir el sistema judicial que requiere el país; uno que sea accesible para todos, no solo para unos cuantos.