/ viernes 9 de abril de 2021

Redimensión del outsourcing

El lunes pasado se desarrolló un importante encuentro entre el sector empresarial y la representación de los trabajadores con el gobierno. Después de varios meses de negociaciones, se anunció un acuerdo en torno a la subcontratación, mejor conocida como “outsourcing”. Con la presencia del presidente López Obrador, sindicatos y las cúpulas del sector privado liderados por Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se confirmaron los principales puntos que darán base a la nueva legislación en la materia.

Después de cuatro meses desde que el presidente López Obrador presentó una iniciativa para reformar el esquema laboral que involucra a la “tercerización”, el acuerdo anunciado, se basa en permitir exclusivamente el outsourcing para servicios especializados. Para todos los otros casos, las empresas estarán obligadas a integrar al personal subcontratado a la nómina durante el siguiente trimestre. Con esto, se prohíbe “la subcontratación de personal”, salvo aquellos “distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa”. Adicionalmente, las agencias de colocación deberán inscribirse en un padrón público y hacerse responsables en caso de incumplimiento de la norma.

El texto que ahora se discutirá en el Congreso de la Unión, dejó intacta la mayor parte de la iniciativa original; cabe recordar que en principio esa propuesta había sido rechazada por los empresarios. El sector privado había solicitado al Gobierno que se suavizaran las multas, por considerarlas demasiado onerosas. También pedía se especificaran los plazos de expedición de permisos a las agencias de colocación inscritas en el padrón. También la IP reclamaba que se aplazara la entrada en vigor de la reforma a enero de 2022. Pese a todas estas solicitudes y el reclamo de que habían realizado sobre lo inoportuno de la reforma, por desalentar el empleo frente a los estragos de la pandemia -con una caída del PI del 8.5%- no hubo mayores cambios.

En palabras de la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, transcritas en su cuenta de Twitter, “se trata de una deuda histórica con las mujeres y hombres que por años han trabajado bajo esta figura que ha vulnerado sus derechos”. En el mismo encuentro también se anunció un aumento del 135% en el monto que las empresas tienen que pagar a los trabajadores por sus ganancias.

El consenso logrado es importante. México tiene a cuatro millones y medio de trabajadores subcontratados, muchos de ellos en condiciones precarias. “Lograr un mercado laboral más equitativo”, como lo ha señalado el gobierno, es una necesidad fundamental, en un país que a lo largo de las últimas décadas ha tenido graves distorsiones en materia laboral. No obstante, hay que reconocer que esta nueva ley podría ser un simple “parche” a un modelo laboral que requiere cirugía mayor.

Es indispensable hacer una revisión profunda que abarque desde el nivel de salarios, los esquemas de capacitación para garantizar una mayor productividad-competitividad, pasando por temas de igualdad de género en materia laboral, hasta los esquemas de ahorro y prestaciones de servicios de salud que permitan un esquema integral de pensiones y bienestar para el retiro. La renovación del acuerdo comercial con los Estados Unidos exige que se realicen acciones en este sentido.

Las nuevas capacidades organizativas que hoy manifiesta la #SociedadHorizontal solo podrán detonar su máximo potencial de aprendizaje y generación de riqueza, si modificamos nuestro modelo laboral para que esté en armonía con los retos y dinámicas del siglo XXI. Ese es el camino a seguir.

El lunes pasado se desarrolló un importante encuentro entre el sector empresarial y la representación de los trabajadores con el gobierno. Después de varios meses de negociaciones, se anunció un acuerdo en torno a la subcontratación, mejor conocida como “outsourcing”. Con la presencia del presidente López Obrador, sindicatos y las cúpulas del sector privado liderados por Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se confirmaron los principales puntos que darán base a la nueva legislación en la materia.

Después de cuatro meses desde que el presidente López Obrador presentó una iniciativa para reformar el esquema laboral que involucra a la “tercerización”, el acuerdo anunciado, se basa en permitir exclusivamente el outsourcing para servicios especializados. Para todos los otros casos, las empresas estarán obligadas a integrar al personal subcontratado a la nómina durante el siguiente trimestre. Con esto, se prohíbe “la subcontratación de personal”, salvo aquellos “distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa”. Adicionalmente, las agencias de colocación deberán inscribirse en un padrón público y hacerse responsables en caso de incumplimiento de la norma.

El texto que ahora se discutirá en el Congreso de la Unión, dejó intacta la mayor parte de la iniciativa original; cabe recordar que en principio esa propuesta había sido rechazada por los empresarios. El sector privado había solicitado al Gobierno que se suavizaran las multas, por considerarlas demasiado onerosas. También pedía se especificaran los plazos de expedición de permisos a las agencias de colocación inscritas en el padrón. También la IP reclamaba que se aplazara la entrada en vigor de la reforma a enero de 2022. Pese a todas estas solicitudes y el reclamo de que habían realizado sobre lo inoportuno de la reforma, por desalentar el empleo frente a los estragos de la pandemia -con una caída del PI del 8.5%- no hubo mayores cambios.

En palabras de la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, transcritas en su cuenta de Twitter, “se trata de una deuda histórica con las mujeres y hombres que por años han trabajado bajo esta figura que ha vulnerado sus derechos”. En el mismo encuentro también se anunció un aumento del 135% en el monto que las empresas tienen que pagar a los trabajadores por sus ganancias.

El consenso logrado es importante. México tiene a cuatro millones y medio de trabajadores subcontratados, muchos de ellos en condiciones precarias. “Lograr un mercado laboral más equitativo”, como lo ha señalado el gobierno, es una necesidad fundamental, en un país que a lo largo de las últimas décadas ha tenido graves distorsiones en materia laboral. No obstante, hay que reconocer que esta nueva ley podría ser un simple “parche” a un modelo laboral que requiere cirugía mayor.

Es indispensable hacer una revisión profunda que abarque desde el nivel de salarios, los esquemas de capacitación para garantizar una mayor productividad-competitividad, pasando por temas de igualdad de género en materia laboral, hasta los esquemas de ahorro y prestaciones de servicios de salud que permitan un esquema integral de pensiones y bienestar para el retiro. La renovación del acuerdo comercial con los Estados Unidos exige que se realicen acciones en este sentido.

Las nuevas capacidades organizativas que hoy manifiesta la #SociedadHorizontal solo podrán detonar su máximo potencial de aprendizaje y generación de riqueza, si modificamos nuestro modelo laboral para que esté en armonía con los retos y dinámicas del siglo XXI. Ese es el camino a seguir.

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