El pequeño país de escasos 500 kilómetros cuadrados ubicado al norte de España, se convirtió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en una especie de “paraíso fiscal”. Debido a las condiciones de su sistema financiero y la secrecía con la que se manejaron durante años los depósitos en aquella pequeña nación, Andorra se convirtió en lugar predilecto de empresarios y políticos mexicanos para resguardar su dinero, por la “total discreción” y hasta opacidad con que contaba para eludir a los órganos reguladores.
En 2010 una investigación en un juzgado de Andorra por actividades sospechosas con fondos provenientes de Pdvsa, la empresa petrolera venezonala, reveló uno de los más grandes escándalos de corrupción que involucraba capitales del chavismo. Del mismo modo, desde 2015 la Banca Privada de Andorra (BPA), fue señalada por la Red de Control de los Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) e involucrada con el lavado de miles de millones de dólares de organizaciones criminales provenientes de Rusia y China, así como del mismísimo Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que BPA no solo resguardaba los fondos, sino que ayudaba a sus clientes a construir redes de sociedades “offshore” en Panamá, Suiza o Luxemburgo, con el fin de esconder el origen del dinero que al final era depositado en Andorra e incluso garantizaba su anonimato al prestarles su dirección para estos fines.
En fechas recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, en el contexto de los tratados de cooperación internacional que se tienen con aquél país, solicitó información sobre las operaciones de lavado de dinero que presuntamente realizaron 23 empresarios e inversionistas mexicanos por un monto superior a 48 mil millones de pesos.
Más allá de estos hechos, últimamente se han presentado noticias en torno a cuentas relacionadas con políticos y personajes influyentes. Al abogado Juan Collado, cercano al ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, se le detectaron montos por 120 millones de dólares. A Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México se le encontró una cuenta con 1.5 millones de euros (poco más de 32 millones de pesos actuales). Incluso el expresidente del Club de Futbol, “los Dorados” de Sinaloa, se vio involucrado en algunas investigaciones. La última noticia en esta materia se dio la semana pasada en torno a la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, quien depositó 10.4 millones de dólares en aquella nación.
Si tomamos como ejemplo los 120 millones de dólares del abogado Collado, éstos implican 2 mil 452 millones de pesos, es decir 17,309,809 salarios mínimos. Sólo así se entiende el nivel de indignación que estas noticias generan en la sociedad mexicana, al no quedar claro el origen de dichos recursos.
Algo esperanzador es que la trama relacionada con BPA y el pequeño país europeo, da muestra de la forma en que en un mundo hiperconectado, la forma tan rápida en que se difunde la información y ésta se comunica, conllevan una mayor transparencia y mejores condiciones para el combate a la corrupción. Estas noticias presionan a las autoridades a construir -mas allá de simples discursos- instituciones más robustas que garanticen una verdadera rendición de cuentas.
El malestar social debe traducirse en nuevos mecanismos gubernamentales, que apoyados en la potente comunicación con que hoy cuenta la #SociedadHorizontal, ayuden a combatir y prevenir este flagelo.
