Ante las presuntas injusticias y supuestos actos de intimidación que sufren 900 maestros a manos del director general del Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero (IBRO), Eduardo Neil Cueva Ruiz, un grupo de docentes pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores que se le investigue y que aclare el motivo por el cual no ha hecho los trámites para otorgarles seguridad social, así como el porqué se despidió a 20 docentes sin darles derecho a defenderse.
Uno de los maestros afectados aseguró que no cuentan con ningún tipo de seguridad social para atenderse en caso de enfermedad, "en esa condición están más de 900 maestros adscritos al Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero, debido a que supuestamente el director general de ese organismo en Guerrero, no ha hecho los trámites y literalmente los dejó en la congeladora".
Esto, a pesar que desde hace 3 años viene prometiendoles que los va a afiliar al ISSSTE, sin embargo, en octubre se va a terminar su periodo al frente de ese organismo y no cumplirá con su promesa, dejándolos en el total desamparo, precisaron.
Los maestros en su denuncia aseguraron que algunos directores y docentes estuvieron trabajando durante la pandemia de manera presencial por algunos días, debido a que en las poblaciones rurales donde imparten clases, los alumnos no cuentan con tecnología o internet para enviar tareas virtuales.
Sin embargo, no se les reconoce su trabajo y ahora sin ningún criterio, cuando tienen algún retraso en la entrega de sus trabajos o de tipo administrativo, se ordena la retención de sus salarios, y hasta el momento varios profesores no han cobrado, dos, tres y hasta ocho quincenas que les retienen en detrimento de su economía familiar y sin ningún sustento legal, violentando con esto sus derechos laborales y humanos, al no pagarles el salario que ya devengaron.
Denunciaron que recientemente se despidió injustificadamente a 20 profesores y sólo les entregó 8 mil pesos como indemnización por sus servicios, por lo que algunos ya interpusieron demandas laborales para ser reinstalados o indemnizados conforme a derecho. También acudirán a la Comisión de los Derechos Humanos.
Por eso están pidiendo al gobernador Héctor Astudillo Flores y al Auditor Superior del Estado (ASE), que se practique una auditoría al Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero y de esa manera saber a las manos de quién va a parar el dinero de las cuotas por derecho a seguridad social, el complemento de las indemnizaciones a los despedidos y las quincenas que les retienen a los docentes.
