Los lamentables hechos de violencia acaecidos el pasado sábado 5 de marzo en el estadio “La Corregidora” del Estado de Querétaro, marcaron una de las tragedias más negras en la historia del fútbol mexicano.
Las escenas fueron atroces, pues sembraron un terror agonizante a las millas de familias que acudieron pacíficamente a presenciar el encuentro deportivo; lo sucedido fue difundido por múltiples medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, que dieron cuenta de más de 20 asistentes que tuvieron que ser llevados de emergencia al hospital.
Desafortunadamente, la violencia en los estadios de fútbol en nuestro país no es algo novedoso, ya que durante décadas se han manifestado en diferentes regiones e intensidades. Sin embargo, pocas acciones se han visto que se emprendan desde los gobiernos por atender la problemática y ofrecer una solución.
Al respecto, es posible apreciar que otros países han asumido un papel protagónico en la lucha contra la violencia en el ámbito deportivo. Muestra de ello es que Colombia, Chile y Paraguay poseen leyes específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia del fútbol.
En este tenor, destaca que en Colombia existe la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol , la cual posee facultades para regular y coordinar los esfuerzos de los distintos entes públicos y privados que participan en estos eventos. Mientras que en Chile la Ley de Violencia en los Estadios regula la forma en la que se realizan los partidos de fútbol profesional; proporcionar los derechos y deberes de los asistentes; los requisitos de los estadios en que se juegan los encuentros y las obligaciones de las entidades del fútbol profesional, de los organizadores y de los administradores de los recintos.
Los ejemplos anteriores dan cuenta de la importancia de que las naciones asuman como parte de sus obligaciones y responsabilidades una cultura de no violencia en ambientes deportivos . De manera que, es importante regular, coordinar y estandarizar los protocolos para garantizar la seguridad de las y los asistentes.
No obstante, en nuestro país aún con la existencia de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte , la legislación no prevé la participación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ni del Consejo Nacional de Protección Civil para vigilar las medidas de seguridad en los estadios. Y a pesar de que los gobiernos estatales realizan el esfuerzo de promover la seguridad, esto no ha sido suficiente pues evidentemente requiere de la coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal, así como de las organizaciones participantes.
No se trata de echar culpas o únicamente castigar el hecho violento; más bien representa una oportunidad ineludible para tratar el tema de fondo y anclar al andamiaje jurídico e institucional las medidas adecuadas para cuidar la seguridad de las y los espectadores, para nunca más se repita un hecho como el de Querétaro , pues cuando gana la violencia, pierde el derecho.
Es por ello que en días recientes inscribí ante el Senado de la República una iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte , con el objeto de que se incorpore a los órganos de seguridad federal dentro de la integración de la Comisión Especial , al tiempo de establecer una serie de protocolos y lineamientos mínimos que deben observar las autoridades para garantizar la seguridad de todas las personas. Con acciones como esta, se avanzaría en favor de asegurar que los asistentes disfruten el evento deportivo sin poner en riesgo su vida o salud.
