El derecho a la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática y libre. Sin embargo, su reconocimiento y consolidación como un derecho humano universal ha sido el resultado de una larga y ardua lucha a lo largo de la historia.
Los antecedentes del derecho de libertad de expresión se remontan a siglos atrás, cuando pensadores, filósofos y líderes visionarios comenzaron a defender la idea de que todas las personas tienen el derecho inherente a expresar sus ideas, opiniones y creencias sin temor a represalias.
Esta perspectiva fue reconociendo que los derechos humanos no son meras concesiones de los Estados o de las autoridades, sino que son prerrogativas fundamentales que se derivan de la naturaleza misma de la persona humana.
No obstante, a pesar de los avances logrados, el derecho de libertad de expresión ha enfrentado numerosos obstáculos y retrocesos. Gobiernos autoritarios y regímenes dictatoriales han intentado restringir y controlar la libertad de expresión con el fin de mantener su poder y silenciar a la oposición.
Lamentablemente en México, en tiempos recientes hemos visto cómo se intenta socavar la independencia de los poderes del Estado, cómo se pretende limitar la libertad de expresión y cómo se desafía la separación de poderes que es la base de nuestro Estado Constitucional de Derecho.
En esta dinámica, un aliado eficaz es la labor periodística, pues su trascendencia se traduce a que se reconozca y se valore el papel indispensable que desempeña en la sociedad. Son ellos quienes, a través de su trabajo, exponen la verdad, denuncian la corrupción, fiscalizan el poder y dan voz a sectores vulnerables.
No olvidemos en estos tiempos que la importancia de la libertad de expresión radica en su papel indispensable en el fortalecimiento de la democracia, la promoción del pluralismo, de la diversidad de ideas y la protección de los derechos. Es un derecho que permite la rendición de cuentas, la fiscalización y el avance del conocimiento y la verdad.
Por ello, ninguna autoridad, por más alta que sea su investidura, puede pasar por encima de los derechos fundamentales de la ciudadanía ni de lo que establece la ley.
La defensa del derecho a la libertad de expresión y el fortalecimiento del periodismo son tareas urgentes e ineludibles en cualquier sociedad. Es necesario que todos los actores se comprometan activamente en la protección y promoción de este derecho fundamental, así como de la protección de datos personales, pues de ello depende el vigor y la vitalidad de nuestra democracia.
Hoy, más que nunca, es crucial recordar que la ley está por encima de cualquier persona o institución, y que todos estamos sujetos a su autoridad. No podemos permitir que se vulneren nuestros derechos ni que se menoscabe la democracia en aras de intereses políticos. Debemos permanecer vigilantes y firmes en la defensa de nuestros principios y valores democráticos, y exigir que nuestras autoridades actúen con integridad y respeto a la ley en todo momento.
