El inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión es un acontecimiento crucial en el ámbito político mexicano. Este periodo marca el comienzo de un nuevo ciclo legislativo, donde las y los legisladores federales nos reunimos para abordar una amplia gama de temas de interés nacional y tomar decisiones que impactarán directamente en la vida de las y los mexicanos.
Durante el inicio del periodo ordinario de sesiones, las y los senadores de la república atendemos una agenda legislativa cargada de temas de gran relevancia para el país. Desde cuestiones económicas y sociales hasta temas de seguridad, salud, educación, medio ambiente y justicia.
Sin embargo, en este arranque, nos encontramos frente a una serie de retos y desafíos que ponen a prueba los principios fundamentales del estado constitucional de derecho. Pues con el inicio de este periodo, el Presidente de la República y el bloque oficialista impulsan una agenda legislativa cargada de propuestas vacías y alarmantes, que en el discurso parecen sonar bien, pero la mayoría de estos planteamientos se trata realmente de preocupantes ataques que se alejan del espíritu democrático y constitucional que debería regir nuestra nación.
Evidentemente, es importante advertir que estas propuestas proyectan un carácter electorero. En lugar de abordar los problemas estructurales que enfrenta el país, se busca obtener réditos políticos a corto plazo. Lo anterior representa un grave riesgo para la estabilidad política y económica, así como para la gobernabilidad democrática.
Además, algunas de las propuestas legislativas presentadas por el bloque oficialista, como lo es la reforma al Poder Judicial de la Federación van en contra de los principios fundamentales del estado constitucional de derecho, pues dichos planteamientos buscan concentrar más poder en manos del ejecutivo, debilitando así los contrapesos institucionales y socavando la independencia de los poderes del Estado.
Por otro lado, también es preocupante el hecho de que muchas de estas propuestas no tienen un sustento jurídico sólido. En lugar de basarse en un análisis riguroso y en el respeto a la legalidad, parecen estar motivadas por intereses políticos y partidistas. Esto pone en entredicho la calidad y la legitimidad del proceso legislativo, como tanto se ha criticado desde la oposición.
En este contexto, es fundamental que en este último periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, las y los legisladores asumamos nuestra responsabilidad constitucional y actuemos con profesionalismo, objetividad, independencia y responsabilidad. Para ello, es necesario que estemos dispuestos a ejercer no una función legislativa a mano alzada, sino que se privilegien los consensos y también echar mano de todas aquellas herramientas eficaces de control político, que permitan garantizar el respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales de la población.
Sin duda alguna, el inicio del periodo ordinario de sesiones representa un momento crucial para la vida política del país, ante ello, es importante que las y legisladores actuemos con firmeza a la altura de los desafíos que enfrentamos.
