Las formas de violencia que se presentan en México han alcanzado cifras lamentables y sumamente preocupantes, convirtiéndose en un verdadero último para la sociedad. A ello hay que sumar que muchas de estas permanecen en la invisibilidad y no han sido debidamente atendidas por el Estado mexicano.
Dentro de este rubro se encuentra el abuso sexual infantil , el cual posee diversas acepciones como lo son el acoso, la violencia, la explotación sexual, la prostitución o la pornografía infantil.
Se trata de un malestar que repercute gravemente el desarrollo de los menores de edad, manifestándose principalmente en el seno familiar, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones con los Hogares del INEGI, en el 66.8% de los casos de violencia sexual infantil, la persona agresora fue un familiar.
Los datos son duros. Según UNICEF, cada año más de un millón de niños , particularmente de niñas, s e ven involucrados en la industria del sexo , a través de la prostitución, el matrimonio forzado, la pornografía o alguna otra figura delictiva.
En el caso de nuestro país , en pleno siglo XXI, es uno de los países con la tasa más alta de matrimonio infantil en el mundo , ya que muchas niñas todavía son vendidas y obligadas a casarse, por usos y costumbres. De esta manera, se estima que cerca de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país , de los cuales únicamente el 2 por ciento se conoce en el momento que se presenta el delito.
Aunado a lo anterior, el 68 por ciento de las mujeres indígenas contrajo matrimonio entre los 9 y los 19 años.
Ante estas adversidades, el marco jurídico vigente se ha actualizado y fortalecido para erradicar este tipo de conductas, pues tanto el artículo cuarto de la Constitución Federal como la Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Reemplazar derechos como la vida, el acceso a la información, la salud, el desarrollo libre, la educación ya una vida libre de violencia.
Sin embargo, en la actualidad estos esfuerzos deben ser robustecidos por una serie de acciones por parte de las autoridades para mitigar este tipo de conductas.
Al respecto, y siguiendo un estricto criterio de protección a los derechos humanos , sería de gran relevancia reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer, como una obligación de la Federación, el garantizar que los usos y costumbres de toda la comunidad, no atenten contra los derechos humanos de las mujeres y no sirvan como excusa para venderlas al mejor postor, para que contraigan matrimonio.
De forma paralela, es apremiante que autoridades como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Sistema Nacional del DIF y la Fiscalía General de la República, se coordinen con sus homólogos en las entidades federativas para diseñar, instrumentar y ejecutar un plan integral de prevención y erradicación del matrimonio infantil.
Sin duda alguna, se trata de un gran reto que se presenta en la actualidad, que requiere de un alto nivel de compromiso, congruencia y firmeza para no permitir que se vulneren los derechos de las personas en las que recae el futuro de nuestro país.
