El 25 de enero de 1983, por decreto presidencial, fue creado el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática como organismo público descentralizado, encargado de realizar los censos nacionales e integrar diversos sistemas estadísticos de interés para la nación.
Si bien es cierto que los antecedentes de esta función se remontan a finales del siglo XIX, con la Dirección General de Estadística, creada en 1895 con el objetivo de diseñar y levantar el primero censo de la República, también lo es que a través de los años, esta labor fue perfeccionándose a la par de ir consolidando una institución con mayor capacidad técnica y administrativa.
De tal manera que este organismo evolucionó con un gran dinamismo hasta convertirse en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual, desde la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2006 adquirió autonomía constitucional.
El INEGI, se ha erigido como uno de los órganos de mayor relevancia para el quehacer gubernamental, pues es inconcebible en nuestros días, implementar o tomar cualquier decisión que tenga un impacto poblacional sin considerar el panorama estadístico que vive el sector de que se trata; incluso, su función es tan esencial desde el hecho de ser la institución mediante la cual sabemos cuántos mexicanos habitamos el territorio nacional.
Datos precisos, especializados, accesibles e imparciales son parte de los sellos esenciales que el INEGI brinda continuamente a la sociedad mexicana, contrastando en diversas ocasiones a lo dado a conocer por la administración pública federal, de ahí, que tome gran relevancia la importancia de su autonomía y objetividad.
Muestra de la numeraria que arroja el INEGI, son los registros relativos a la economía y sus vertientes, destacando que la tasa de informalidad laboral alcanzó el 56.5% de la población ocupada en 2021, traduciéndose en 32.2 millones de personas que estuvieron en dicha situación, que es cuando se encuentran laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, así como a aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.
Aunado a lo anterior, en esta tesitura el propio INEGI dio a conocer en semanas recientes que la población desocupada (quienes se encuentran sin trabajo, pero están buscando) supera las 2.1 millones de personas.
Otro punto de gran envergadura que mide el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, es la percepción de inseguridad que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional, donde desafortunadamente el 65.8% de la población de 18 años en adelante considera que es inseguro habitar en su ciudad; sin perder de vista que para las mujeres, esta cifra alcanza el 70.3%. Asimismo, el 26.5% de la población estima que la situación empeorará en los próximos 12 meses.
De igual forma, el INEGI ha realizado importantes esfuerzos durante esta pandemia para dar a conocer a los mexicanos los datos reales relativos a las defunciones derivadas del Covid-19.
Por estos motivos, no cabe la menor duda que uno de los pilares institucionales para el buen funcionamiento del andamiaje gubernamental recaiga en el profesionalismo, autonomía y objetividad con la que al INEGI se le permita actuar; es por ello que su labor bajo ninguna circunstancia debe ser atacada o desvalorizada.
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