El pasado jueves 28 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo por el cual las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales quedan abrogadas, así como sus cambios correspondientes, disposiciones y lineamientos avalados desde el año 2010. Con esto, se oficializó la desaparición de este programa que por décadas funcionó en favor de millones de mexicanos que vieron afectado su patrimonio e incluso su vida ante los fenómenos naturales.
A pesar de que el decreto mencionado dispone que la Secretaría de Hacienda deberá emitir o modificar nuevas regulaciones específicas que establezcan los mecanismos presupuestarios que permitan ejercer recursos para ejecutar programas y proyectos para atender los daños ocasionados por desastres naturales; lo cierto es que se desarticula un loable esfuerzo que operó con eficiencia desde 1996.
Ello sin perder de vista que desde octubre del año 2020, fue avalada la eliminación de 109 fideicomisos para trasladar a la Secretaría de Hacienda el manejo directo de los recursos y aparentemente generar más ahorros.
Sin embargo, lejos de llegar a estos resultados, se ha replicado un ejercicio que contraviene todo principio de transparencia, descentralización y coordinación federalista que debe haber en un Estado democrático, para amenazar una amplia cadena de apoyos que con anterioridad se brindaban.
Es importante recordar, que con anterioridad el FONDEN funcionaba como el instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que por excelencia cumplía las funciones de ejecutar acciones, así como autorizar y aplicar recursos públicos para mitigar los efectos que deriven de la presencia de un fenómeno natural.
Es así que su objetivo versaba en atender los efectos de Desastre Naturales como terremotos o huracanes, que tanto han afectado a algunas regiones del país, con hechos más adversos para las familias de escasos recursos. Por ello, que la desaparición de esta herramienta institucional es un tema que particularmente repercute los canales bajo los cuales la administración pública responde en favor de los desprotegidos ante situaciones extraordinarias.
Deplorablemente, el gobierno federal ha optado por no brindar a la población de las herramientas necesarias para la protección ante los desastres y en ello ningún criterio de austeridad es justificable.
La afectación ha sucedido, y hoy más que nunca se requiere de redoblar los esfuerzos y exigir que el gobierno asuma el papel de responsabilidad que tiene con el pueblo de México, atendiendo todos los causales y operando el andamiaje jurídico e institucional que se requiere para no dejar en el abandono a las familias desprotegidas.
Sin duda alguna, la desaparición del FONDEN es un lastre más en el largo camino de decadencias que ha promovido el gobierno de Morena, dejando desamparada la atención de desastres naturales, como ha pasado con otros rubros tales como las víctimas de violencia, las investigaciones científicas, los periodistas, los niños con cáncer e incluso los deportistas de alto rendimiento como lamentablemente se ha visto en fechas recientes.
*Senador de la República
@manuelanorve
