El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció en su resolución 217 A (III) la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo. Se trata de un hito histórico para el mundo, al ser el documento que unificó y decretó los derechos humanos fundamentales que deben reconocerse y protegerse globalmente.
En este documento de 30 artículos se consagra el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que, tanto los individuos como las instituciones, promuevan el respeto a estos derechos y libertades; al tiempo de asegurar su reconocimiento y aplicación de forma universal y efectiva.
Dada la trascendencia de este documento normativo, en 1950 la Asamblea General de la ONU, mediante resolución, invitó a todos los Estados miembros y Organizaciones interesadas a considerar el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos.
Este año celebramos el septuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se ha convertido en un parteaguas histórico en el empoderamiento de los derechos inalienables e inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, orientación sexual, origen nacional o social, ni ninguna otra condición.
Hablamos de una oportunidad para reflexionar sobre la situación que se vive en materia de derechos humanos y para hacer un llamado a todos a respetar y defender este marco de protección universal, lo cual significa bienestar y progreso social.
Durante las últimas décadas, se ha consolidado de forma progresiva en nuestro país un régimen jurídico que busca dotar de mayores elementos a la protección de los derechos fundamentales. Y es que desde 1990, con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se constituyó una institución especializada en la protección y defensa de este régimen de protección para todos los mexicanos, que con el paso de los años ha ganado mayor autonomía y fortaleza.
Aunado a lo anterior, no es menor señalar que con las reformas constitucionales de junio de 2011, se marcó un sustancial cambio de paradigma en la forma en que el Estado actuaba en la protección de los derechos humanos, toda vez que se actualizó, fortaleció y perfeccionó el juicio de amparo como el mecanismo de control constitucional, que por antonomasia protege los derechos fundamentales. Además, en una segunda reforma en 2011 se modificó integralmente el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos y las obligaciones de las autoridades con ellos; así como la incorporación del principio por personas, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, estableciendo como normas supremas a la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte. Es importante agregar que nuestro país ha suscrito más de 200 tratados internacionales en los que se reconocen y protegen derechos humanos.
Sin duda, se han enunciado sólidos avances en la materia, pero cierto es que aún queda una brecha por cerrar. Por ello que a siete décadas de la creación de uno de los documentos más importante en la historia de los derechos humanos, se presenta una oportunidad para reflexionar y desde nuestras respectivas trincheras velar por el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos de todos.
* Senador de la República
@manuelanorve
