El crecimiento económico en México ha estado lejos de ser homogéneo y otorgar los mismos resultados de desarrollo en cada una de nuestras treinta y dos entidades federativas, lo que habla no sólo de la diversidad de actividades que existen en el país y de las realidades geográficas que contrastan en términos económicos, políticos, sociales y hasta culturales.
Es así que mientras algunas entidades federativas se caracterizan por su gran dinamismo, atracción de inversiones y apoyo del gobierno para fortalecer sus actividades agropecuarias, industriales, turísticas, comerciales o financieras; también es posible presenciar Estados con mayores complicaciones en materia de desarrollo y con importantes carencias en infraestructura, con altos índices de pobreza, desocupación y desigualdad.
México crece no sólo en distintas direcciones, sino también a velocidades variables que nos han llevado a plantear la necesidad de analizar y repensar en el diseño de la política pública para el desarrollo regional, las cuales atiendan la realidad de cada entidad federativa y sus comunidades. En estos tenores, es posible señalar que mientras Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí han logrado crecer económicamente a un ritmo anual de entre 4% y 6%; existen otros estados donde se alcanzan ritmos de apenas 1% anual. Ello nos ha llevado a plantear, en el pasado, la creación de Zonas Económicas Especiales, que no son otra cosa que espacios geográficos en los cuales se otorgan beneficios en materia industrial, fiscal y laboral, con el objetivo de incentivar el correcto crecimiento de esta gran y diversidad sociedad en México y que desafortunadamente fueron eliminadas de tajo en la presente administración.
Sin embargo, ello no quiere decir que en la práctica no existan regiones con esta características; pues algunos Estados fronterizos del norte del país han recibido estímulos fiscales para volverlos más competitivos.
En estos tenores y en la sesión ordinaria del pasado jueves, propuse ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto por el que se busca alcanzar una equidad fiscal entre la Frontera Norte y la Región del Pacífico-Sur, comprendida por los Estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas; y la cual tendería a reducir en 50% el IVA con la finalidad de fortalecer las capacidades competitivas con los Estados fronterizos.
Se trata de una iniciativa de adición al artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece una tasa preferencial de IVA aplicables cuando actos o actividades se realicen por residentes de la Región del Pacífico-Sur, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la misma; además precisa que al tratarse de importación, se deberá aplicar la tasa del diez por ciento siempre que los bienes y servicios que sean enajenados o prestados en la Región; y, estipular que tratándose de la enajenación de inmuebles, dicho impuesto será calculado aplicando al valor aplicable, la tasa del 16 por ciento.
Sin duda alguna, la Región Pacífico-Sur cuenta con una gran diversidad de recursos humanos, materiales y capacidades económicas para detonar su crecimiento económico y potenciar el desarrollo del país entero: de una manera equitativamente fiscal, que permita la atracción de inversiones y un redimensionamiento de la política pública en favor del Federalismo mexicano.
* Senador de la República
@manuelanorve
