/ lunes 1 de noviembre de 2021

A callar y acallar

Octubre cierra con casi 30 asesinatos en Acapulco, un número notable si se revisa la tendencia sobre homicidios dolosos de meses anteriores.

Los ataques mortales perpetrados contra choferes del transporte público en plena Costera, frente a pasajeros y peatones, o la balacera en Caleta donde un menor de edad resultó herido de bala, a propósito turista, fueron de alta magnitud mediática por sus mismas circunstancias.

Tampoco pasó inadvertido el incendio de 60 locales de la Central de Abastos o el de la discoteca Baby'O, ambos provocados.

La difusión de esos hechos en medios de comunicación y redes sociales incitó un reclamo iracundo de la autoridad municipal dirigido a reporteros, pero las causas arraigadas de esa oleada de inseguridad siguen sin atenderse.

Es evidente también que la estrategia de prevención del delito es exigua, no de ahora, ante lo cómodo que ha resultado delegar la responsabilidad de combatir la delincuencia a las fuerzas armadas y a corporaciones policíacas federales y estatales.

Pese a ello, la solución inmediata oficial para mitigar el impacto social de la inseguridad y en la imagen de Acapulco como destino turístico, tan ingenua como insensata, es no divulgar esos hechos.

El puerto, es cierto, precisa recuperarse económicamente con inmediatez tras el letargo causado por la pandemia y los hechos de violencia suponen una mala promoción cuando nos aproximamos al periodo vacacional de fin de año.

La población, a su vez, demanda garantías de seguridad reales y despejar la zozobra que se cierne en calles, colonias y espacios públicos.

Pretender callar lo que ocurre en materia de seguridad pública, en aras de no afectar la imagen de Acapulco, tiene un doble despropósito: vulnera la libertad de informar y normaliza los hechos delictivos al sugerir que se omitan.

Generar una imagen pulcra de este balneario en el mercado turístico implica corregir problemas de origen que no son inherentes exclusivamente a la seguridad pública y crear áreas especializadas dentro del gobierno municipal que reaccionen frente a situaciones adversas, como la postergada oficina de crisis o un organismo de promoción efectivo que contrarreste la mala publicidad.

La violencia no puede disfrazarse ni maquillarse. Quizá su incidencia permita una manipulación estadística a manera de no magnificarla, pero ignorarla, al grado de ordenar un silencio, resulta burdo e insultante para una sociedad que vive en duelo permanente.

Octubre cierra con casi 30 asesinatos en Acapulco, un número notable si se revisa la tendencia sobre homicidios dolosos de meses anteriores.

Los ataques mortales perpetrados contra choferes del transporte público en plena Costera, frente a pasajeros y peatones, o la balacera en Caleta donde un menor de edad resultó herido de bala, a propósito turista, fueron de alta magnitud mediática por sus mismas circunstancias.

Tampoco pasó inadvertido el incendio de 60 locales de la Central de Abastos o el de la discoteca Baby'O, ambos provocados.

La difusión de esos hechos en medios de comunicación y redes sociales incitó un reclamo iracundo de la autoridad municipal dirigido a reporteros, pero las causas arraigadas de esa oleada de inseguridad siguen sin atenderse.

Es evidente también que la estrategia de prevención del delito es exigua, no de ahora, ante lo cómodo que ha resultado delegar la responsabilidad de combatir la delincuencia a las fuerzas armadas y a corporaciones policíacas federales y estatales.

Pese a ello, la solución inmediata oficial para mitigar el impacto social de la inseguridad y en la imagen de Acapulco como destino turístico, tan ingenua como insensata, es no divulgar esos hechos.

El puerto, es cierto, precisa recuperarse económicamente con inmediatez tras el letargo causado por la pandemia y los hechos de violencia suponen una mala promoción cuando nos aproximamos al periodo vacacional de fin de año.

La población, a su vez, demanda garantías de seguridad reales y despejar la zozobra que se cierne en calles, colonias y espacios públicos.

Pretender callar lo que ocurre en materia de seguridad pública, en aras de no afectar la imagen de Acapulco, tiene un doble despropósito: vulnera la libertad de informar y normaliza los hechos delictivos al sugerir que se omitan.

Generar una imagen pulcra de este balneario en el mercado turístico implica corregir problemas de origen que no son inherentes exclusivamente a la seguridad pública y crear áreas especializadas dentro del gobierno municipal que reaccionen frente a situaciones adversas, como la postergada oficina de crisis o un organismo de promoción efectivo que contrarreste la mala publicidad.

La violencia no puede disfrazarse ni maquillarse. Quizá su incidencia permita una manipulación estadística a manera de no magnificarla, pero ignorarla, al grado de ordenar un silencio, resulta burdo e insultante para una sociedad que vive en duelo permanente.

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