El caso de los 43 jóvenes desaparecidos de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, se debe de llegar a la verdad y aplicar todo el peso de la ley a los culpables, pero sin linchamiento político.
En estos términos se expresó el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofío Ramírez Hernández, al fijar su postura sobre el nuevo rumbo que tomó el caso de Iguala y las nuevas órdenes de aprehensión que se giraron.
Cabe recordar que el juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, giró hace unos días nuevas órdenes de aprehensión, entre estas en contra de Iñaki Blanco Cabrera, exprocurador de Guerrero y el exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, ambos funcionarios en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, así como de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Lambertina Galeana Marín.
Al respecto, precisó que están totalmente de acuerdo que se haga justicia a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos, dar respuesta al clamor de la misma sociedad que también exige se lleve ante la ley a todos los involucrados en este reprobable caso, pero que sea apegado a derecho y no por linchamiento político.
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El dirigente del PRI en Acapulco, Ramírez Hernández, refirió que debe tomarse en cuenta que está probada la participación del grupo delictivo Guerreros Unidos, vinculado al crimen organizado y por tanto, no perder de vista que se trató de un asunto de competencia del gobierno federal.
Precisó que, aquí es necesario que quienes tienen en sus manos el expediente sobre estos hechos, sean muy cuidadosos y que realmente esté probada la participación de las personas que se les solicita sean aprehendidas y no llevar a inocentes a la cárcel.
Aclaró, que su postura es defender siempre la verdad y que finalmente se haga justicia a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero, insistió, que partiendo con estricto apego a la Ley, no con sentimientos de linchamiento político o por apaciguar el clamor de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
