Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto para expropiar un millón 93 mil 118.93 metros cuadrados de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, a favor de la Federación para la construcción del Tramo 5 y los Subtramos Norte y Sur del Tren Maya.
En el documento, que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Presidente de la República instruyó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a proceder a la “ocupación inmediata” de los bienes materiales para esta expropiación.
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El decreto presidencial también establece que la interposición de cualquier medio de defensa jurídica “no suspenderá” dicha expropiación, luego de que diversos amparos interpuestos por particulares han detenido este megaproyecto, declarado por López Obrador de “seguridad nacional” el pasado 25 de julio.
“Se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional, por muchas razones: porque está interviniendo un gobierno extranjero (el de EU); se está perdiendo dinero de la Hacienda Pública, dinero del pueblo, y porque un grupo mafioso opositor busca frenar la obra con el financiamiento del gobierno estadounidense”, afirmó el mandatario hace una semana.
El decreto también establece que la Sedatu cubrirá el monto de la indemnización de esta expropiación, que “en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)”.
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“Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización”, detalla el decreto.
En la conferencia de prensa mañanera de ayer en Palacio Nacional, López Obrador dijo que todavía falta por resolverse un amparo de particulares para que no sigan obras en los tramos 5, 6 y 7 del Tren.
Acusó al juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, quien otorgó un amparo para detener la construcción del Tramo 5, de tener vínculos con el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, y con el empresario Claudio X. González.
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