• No se cuentan con suficientes acciones para prevenir o atenderincidentes

Manrique Gandaria

En todos los penales del país, la falta de personal deseguridad y custodia, así como la prevención y atención deincidentes violentos, hace que no se cuentan con suficientesacciones para prevenir o atender incidentes como riñas, lesiones,fugas, homicidios o motines, de acuerdo al Diagnóstico Nacional deSupervisión Penitenciaria (DNSP), elaborado por la ComisiónNacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil yespecialistas, advierten que pese a diversas recomendaciones deorganismos nacionales e internacionales protectores de derechoshumanos, al interior de los penales sigue existiendosobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, prácticas de tortura,tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El resultado del diagnóstico recalca que hasta finales del 2015se tiene que en todos los reclusorios existe un deficiente controlen el ejercicio de las funciones de la autoridad, así como el delingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de losteléfonos y de la seguridad, situación que vulnera la vigilanciay monitoreo que se debe tener sobre estos centros, “favoreciendola violencia dentro de los mismos y el (llamado)autogobierno”.

Asimismo, se estipula en el reporte que de las 383 prisionesestatales, federales y militares que hay en el país, había a esafecha poco más de 220 mil 218 personas recluidas, mientras que laComisión Nacional de Seguridad (CNS) refiere que quitando lasprisiones militares en 2016 la cifra subió a 233 mil 469 personasencarceladas, con una sobrepoblación de al menos 24 mil 211.

La CNS señala que a nivel nacional 221 mil 237 prisioneros sonhombres y 12 mil 132 son mujeres, de los cuales 188 mil 842 estánencarcelados por delitos del fuero común, de ello, 70 mil 11 hansido procesados. Solo 118 mil 831 sentenciados.

Mientras que un total de 44 mil 627 personas están encerradaspor delitos federales, de las cuales 22 mil 358 están procesadas ysolo 22 mil 269 han recibido sentencia.

En nuestro país, el Gobierno federal administra 17 centrospenitenciarios -considerados de alta seguridad-, el Gobierno de laCiudad de México está a cargo de 13, los gobiernos estatales de278, y los municipales de 71.

Hasta junio del año pasado, la CNS había registrado al menos181 incidencias en los penales (riñas, fugas, enfrentamientos,etc.) en donde estuvieron involucrados 377 internos.

A nivel estatal, la Comisión Nacional de Seguridad, a travésdel órgano Administrativo Desconcentrado Prevención yReadaptación Social, sostiene que los penales del Estado deMéxico son los que presentan la mayor sobrepoblación, ya que enlos 20 centros penitenciarios hay nueve mil 964 espaciosexistentes, pero se registra una población de 26 mil 297 presos,es decir, una sobrepoblación de 163.92 por ciento.

Le sigue el Ciudad de México donde hay 13 reclusorios, conespacio para 23 mil 927 internos, pero hay 33 mil 712 reos, con unasobrepoblación del 40.78 por ciento. El tercer lugar lo ocupaJalisco que cuenta con 34 centros penitenciarios con 10 mil 270espacios, donde conviven 16 mil 865 reos, con una sobrepoblaciónde 64.22 por ciento.

Puebla cuenta con 22 cárceles, con seis mil espacios dondeconviven ocho mil 357 presos por lo que hay una sobrepoblación de39.01 por ciento. Le sigue Hidalgo con 17 penitenciarias con dosmil 151 espacios y se registran tres mil 925 reos, lo que significauna sobrepoblación de 82.47 por ciento.

En este contexto, la CNDH advierte que solo en los centrosestatales existe una sobrepoblación de 65 por ciento, destacandolos Estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua,Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, entre otros.

El estudio Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria,de la CNDH, elaborado a partir de visitas a diversos reclusoriosestatales, federales y militares del país, revela que en loshechos existe un deficiente control en el ejercicio de lasfunciones de autoridad por parte de los servidores públicos, asícomo el control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima,uso de los teléfonos y de la seguridad, situación que vulnera elcontrol que debe tener la autoridad sobre el centro, favoreciendola violencia dentro del mismo y el autogobierno.

Las visitas a los centros de reclusión se llevó a cabo en2015, año en que se encontraban privados de su libertad poco másde 220 mil 218 personas, de las cuales, 194 mil 977 personasestaban en 359 centros penitenciarios estatales, varoniles, mixtosy femeniles lo que corresponde a 87 por ciento del total de lapoblación recluida en centros estatales, señala la CNDH.

En tanto que en 21 centros federales, entre los que se cuenta elComplejo Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal deRehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), se tiene una poblaciónglobal de poco más de 24 mil 455 internos, y las tres prisionesmilitares, las cuales albergan a 786 internos.

HASTA 30 REOS EN UNA CELDA

El Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) dauna radiografía de lo que ocurre al interior de los centrospenitenciarios del país, en su mayoría no cuentan conclasificación entre procesados y sentenciados, hay hacinamiento,falta de actividades laborales y de capacitación para eltrabajo.

Una constante es la falta de manuales de procedimientos deingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, solicitaraudiencia con las autoridades, presentar quejas, visita íntima,familiar, revisión de visitantes, de estancias, así como unadeficiente difusión de la normatividad que rige el Centro hacialos internos.

Esto aunado a la sobrepoblación, que genera problemas de saludy de seguridad, con áreas que rebasan de manera importante sucapacidad, es decir, que en áreas donde deben convivir cuatrointernos, se encuentran hasta 30.

Tal como ha ocurrido en el penal de Tamaulipas, la CNDH sostieneque en algunos centros se observaron áreas de privilegios, asícomo la presencia de objetos y sustancias prohibidas y de internosque ejercen control mediante la violencia sobre el resto de lapoblación.

Por lo que hace a centros federales, en algunos es nula laclasificación entre procesados y sentenciados, existe hacinamientoen varios de ellos.

En cuanto a las prisiones militares, la situación másrecurrente que se detectó es la relativa a la falta de actividadeslaborales y de capacitación para el trabajo, que dificulta laadecuada reinserción social.

Por entidad, la CNDH refiere que Guanajuato, Aguascalientes,Baja California, Chihuahua y Tlaxcala, tiene los penales más“óptimos”, por lo que alcanzan calificación de siete y ocho.En contraparte, Nayarit, Querétaro, Guerrero, Hidalgo Tabasco,Chiapas, Tamaulipas y Nuevo León, ocupan los últimos lugares decalificación, (entre cuatro y cinco puntos) y en dondeúltimamente se han detectado riñas, fugas y homicidios.

El estudio revela que los centros penitenciarios donde losinternos realizan actividades propias de la autoridad“autogobierno”, son: el centro de reinserción social de LaPaz, Baja California, dos centros de reinserción social deCampeche, dos centros estatales y uno de reinserción social deChiapas, la cárcel estatal de Ciudad Juárez, tres centrospenitenciarios de Coahuila, los reclusorios Oriente, Norte, y Surdel Ciudad de México, así como el centro femenil y lapenitenciaria de Santa Martha y el centro de reinserción deDurango.

También detectó autogobierno en tres penales de Guerrero, encuatro de Hidalgo, tres en Jalisco, seis en el Estado de México,tres en Michoacán, dos en Morelos y Nayarit, tres en Nuevo León,donde se incluye el de Topo Chico y Cadereyta, uno en Oaxaca,Puebla y Querétaro, tres en Quintana Roo, uno en San Luis Potosí,tres en Sinaloa, cuatro en Sonora y Tabasco, tres en Tamaulipas,dos en Veracruz y Yucatán y dos en Zacatecas.

El resultado del señalado Diagnóstico indica que en 65 porciento de los centros estatales existe sobrepoblación, destacandolos estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua,Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango entre otros.

NO SE RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS: ONG

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil advierten delos graves problemas de sobrepoblación, hacinamiento,autogobierno, prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos ydegradantes que se dan al interior de los penales en México, pesea las diversas recomendaciones de organismos nacionales einternacionales protectores de los derechos humanos.

Organizaciones como Documenta/Análisis y Acción para laJusticia Social A.C., Fundación para el Debido Proceso, elInstituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, la UniversidadIberoamericana Puebla, Instituto de Justicia Procesal Penal A.C.,Madres y hermanas de la Plaza Pasteur y México Evalúa adviertenque masacres como las acontecidas en el Centro Estatal Preventivode Reinserción Social “Topo Chico” en el Estado de NuevoLeón, en febrero pasado, en donde 49 personas perdieron la vida y12 más resultaron heridas es la muestra más reciente yrepresentativa de las múltiples violaciones a derechos humanos queocurren cotidianamente en los centros penitenciarios.

“Esta realidad se da en el contexto de una profunda crisis delos mencionados derechos no reconocida por el Gobierno;diagnóstico que ha sido reiterado por diversos organismosinternacionales”, señalan.

En este sentido, las ONG señalan que el Estado no ha cumplidocon sus obligaciones de respeto y garantía en materia de derechoshumanos de la población que se encuentra en reclusión –sea enprisión preventiva o en ejecución de sentencia–, así como desus familiares, ni con las obligaciones de prevenir, investigar ysancionar las violaciones de derechos humanos que les afectanRefieren que como respuesta a este escenario de criminalidad seestablecieron, entre otras medidas, reformas legislativas. Elaumento de algunas penas (ejemplos: el delito de secuestro que de50 años pasó a 90 años o la pena máxima de 50 años que seelevó a más de 100 años cuando los autores sean integrantes dealguna institución de seguridad pública), evidenció el populismopunitivo de este sistema.