CHILPANCINGO, Gro.- Policías estatales que fueron despedidos en el 2017 por participar en una protesta con la que demandaban mejores condiciones laborales, dieron a conocer que el Juzgado Séptimo de Distrito emitió un resolutivo en el que se ordena al Gobierno del Estado su reincorporación, debido a que el despido fue injustificado y no se cumplió con el proceso administrativo necesario.
José Muñoz Franco, vocero del grupo de ex policías, explicó que de acuerdo con el artículo 124 de la ley 281 de Seguridad Pública, el único facultado para despedir o separar del cargo a un elemento de la Policía estatal es el Consejo de Honor y Justicia, sin embargo, en esa instancia no hubo ningún procedimiento en el que pudieran defenderse los que fueron despedidos.
En abril del 2017, los policías se inconformaron por la decisión unilateral del entonces secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán, de quitar la mitad de los días de franquicia que gozaban los uniformados, mismos que trabajaban 6 días por igual número en franquicia, y se cambió a 6 de trabajo por tres de descanso.
Los policías se concentraron en el cuartel y demandaron la presencia del general para que se retractara de esa decisión de quitarles la mitad de su descanso, sin embargo, lo que recibieron fue un listado de 176 elementos dados de baja, por lo que el general consideró una insubordinación.
Tras casi dos años de litigios en tribunales y la intervención de las comisiones estatal y Nacional de Derechos Humanos, los policías aseguraron que ahora sí el estado tendrá que acatar la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito, que les otorgó la protección y amparo de la justicia federal y con ello el estado tiene que retractarse del despido y regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de abril del 2017.
Muñoz Franco resaltó que en sus informes que rindieron ante el Juzgado de Distrito, tanto el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán, así como la presidente del Consejo de Honor y Justicia, Eira Chávez Zavaleta, dijeron al juez que no hubo ningún procedimiento de despido, entonces eso corroboró que su separación fue ilegal.
Finalmente destacó que el documento del juez se dirige al secretario de Seguridad Pública y al gobernador Héctor Astudillo para que se le dé cumplimiento en la resolución y en caso de que no se atienda se considerará desacato y se procederá legalmente en su contra, lo que podría significar una separación del cargo, inhabilitación para ocupar cargos o hasta sanciones administrativas y penales.
El documento está fechado el día 20 de diciembre y establece un plazo de 48 horas para que se atienda, sin embargo, por tratarse de periodo vacacional este plazo correrá hasta que se reinicien las labores en el mes de enero.
