/ jueves 1 de septiembre de 2022

Matrimonio forzado de menores será delito en Guerrero

Envía Evelyn Salgado cinco iniciativas de ley al Congreso, incluye la creación de la octava región económica que es la Sierra

La ancestral tradición que se tiene en las zonas indígenas de las regiones de la Montaña y Costa Chica, de pactar matrimonios entre los padres, desde que nacen los hijos o vender a las jóvenes para hacer matrimonios arreglados, podría finalmente estar viendo su fin, gracias a una iniciativa que envío el gobierno del estado para que esta práctica sea considerada en el código penal como un delito que se castiga con privación de la libertad.

La iniciativa tiene la intención de evitar casos como el de una niña de solo 13 años que fue encarcelada en la comunidad de Joya Real perteneciente al municipio de Cochoapa el Grande en la región de la Montaña, luego de que trató de escapar del pueblo en el que sería casada con un joven de 18 años y tuvo que intervenir el Ayuntamiento, la Comisión de Derechos Humanos y la Guardia Nacional para liberarla.

Lee también: Envía Evelyn Salgado cinco iniciativas de ley al Congreso

Su caso fue llamativo porque se consideró que estaba siendo revictimizada y permitió que las autoridades retomaran el trabajo para impulsar acciones de gobierno que permitan detener la venta de menores para el matrimonio la cohabitación forzada, que los pobladores defienden como un tema de usos y costumbres pero son acciones que violan el derecho al libre desarrollo de las mujeres.

La iniciativa enviada por Evelyn Salgado al Congreso para su análisis y aprobación en su caso, contempla incluir la "Cohabitación Forzada" y cualquier otra acción equiparable al matrimonio forzado, como un delito en el código penal que tendría que ser castigado con pena corporal a quien lo cometa.

Durante la presentación de la Iniciativa la Gobernadora estableció que a pesar de que sean usos y costumbres de los pueblos, no se permitirá ni un matrimonio forzado más en Guerrero, y se busca evitar que se sigan repitiendo patrones que representan violencia y violaciones a los derechos humanos de la niñez.

"Si un uso o costumbre denigra la integridad de cualquier niña, de cualquier joven o adolescente, no se está haciendo lo correcto y tenemos que actuar con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos de las niñas y adolescentes, nunca más un matrimonio forzado".

Insistió en que no descansará hasta erradicar estas prácticas en todas las regiones del estado, porque así lo ha ofrecido y mantendrá este compromiso hasta el último día de su gobierno.

La ancestral tradición que se tiene en las zonas indígenas de las regiones de la Montaña y Costa Chica, de pactar matrimonios entre los padres, desde que nacen los hijos o vender a las jóvenes para hacer matrimonios arreglados, podría finalmente estar viendo su fin, gracias a una iniciativa que envío el gobierno del estado para que esta práctica sea considerada en el código penal como un delito que se castiga con privación de la libertad.

La iniciativa tiene la intención de evitar casos como el de una niña de solo 13 años que fue encarcelada en la comunidad de Joya Real perteneciente al municipio de Cochoapa el Grande en la región de la Montaña, luego de que trató de escapar del pueblo en el que sería casada con un joven de 18 años y tuvo que intervenir el Ayuntamiento, la Comisión de Derechos Humanos y la Guardia Nacional para liberarla.

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Su caso fue llamativo porque se consideró que estaba siendo revictimizada y permitió que las autoridades retomaran el trabajo para impulsar acciones de gobierno que permitan detener la venta de menores para el matrimonio la cohabitación forzada, que los pobladores defienden como un tema de usos y costumbres pero son acciones que violan el derecho al libre desarrollo de las mujeres.

La iniciativa enviada por Evelyn Salgado al Congreso para su análisis y aprobación en su caso, contempla incluir la "Cohabitación Forzada" y cualquier otra acción equiparable al matrimonio forzado, como un delito en el código penal que tendría que ser castigado con pena corporal a quien lo cometa.

Durante la presentación de la Iniciativa la Gobernadora estableció que a pesar de que sean usos y costumbres de los pueblos, no se permitirá ni un matrimonio forzado más en Guerrero, y se busca evitar que se sigan repitiendo patrones que representan violencia y violaciones a los derechos humanos de la niñez.

"Si un uso o costumbre denigra la integridad de cualquier niña, de cualquier joven o adolescente, no se está haciendo lo correcto y tenemos que actuar con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos de las niñas y adolescentes, nunca más un matrimonio forzado".

Insistió en que no descansará hasta erradicar estas prácticas en todas las regiones del estado, porque así lo ha ofrecido y mantendrá este compromiso hasta el último día de su gobierno.

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