El abogado de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que hasta el momento no han sido notificados de la resolución judicial que exonera completamente al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de la desaparición de los normalistas, consideró que es una medida que se esperaba porque las pruebas con que se le juzgó fueron las que se contenían en la llamada verdad histórica.
Estableció que por el momento no tienen el documento para analizar de manera objetiva el criterio para absorber a estas personas, pero destacó que conoce la causa penal en la que se absolvió a Abarca y era algo que se esperaba porque allí se echaron abajo todas las pruebas que se integraron en la llamada verdad histórica que se construyó en el gobierno de Peña Nieto.
“Entonces, esas investigaciones al ser revisadas por un juez de distrito y un tribunal colegiado, encontró que fueron irregulares y las pruebas recabadas en las mismas fueron desechadas”.
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Resaltó que la resolución aún no es definitiva que una vez que les sea notificada de manera formal sería susceptible de ser impugnada, estableció que el dar a conocer esta resolución es una estrategia de la defensa del ex alcalde que busca generar atención confusión.
“Hay que ponerla en su justa dimensión. Es un proceso que deriva de una investigación irregular de la llamada Verdad Histórica y que fue declarada ilícita, pero hay nuevas investigaciones que se han abierto contra estas personas”.
El pasado martes un juzgado de Distrito con sede en Matamoros absolvió al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca del delito de secuestro en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre del 2014.
El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, ratificó la sentencia dictada por el juez federal Samuel Ventura Ramos en septiembre pasado, quien determinó que no existen evidencias de la plena responsabilidad de Abarca en el crimen.
A José Luis Abarca se le ha señalado de ser el jefe político del grupo delincuencial Guerreros Unidos a quienes se atribuye la autoría en la desaparición de los 43 quienes habrían actuado en complicidad con autoridades locales, estatales y federales.
Junto a él, el Tribunal federal absolvió a 18 personas, entre ellas el exsecretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores Velázquez, quienes eran acusadas por la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, del delito de delincuencia organizada por su presunta relación con el grupo conocido como Guerreros Unidos.
Abarca continuará preso porque sobre él pesa una sentencia de 92 años de prisión por el delito de secuestro que cometió en agravio del luchador social Arturo Hernández Cardona, así como cinco integrantes más del Movimiento Campesino Unidad Popular
