Al conmemorar 102 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, estudiantes de esa institución y miembros de organizaciones afines a su causa, demandaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que reactive las órdenes de aprehensión en contra de 16 militares que podrían tener capacidad de aportar información para esclarecer completamente este caso.
Durante las intervenciones que se hicieron en el ya tradicional mitin del 26 de cada mes en el antimonumento a los 43, que se encuentra en la glorieta de las banderas, se reconoció que la detención de nueve policías que se dio a conocer hace unos días representa un intento de avanzar en la investigación por el asesinato del Julio César Mondragón, Sin embargo, no son detenciones de gran calado que coadyuven para saber qué pasó el 26 y 27 de septiembre, ni abona a saber el paradero de los 43, que es lo que reclaman las familias.
Lee también: Estudiantes exigen la presentación de los 43 normalistas desaparecidos
Se resaltó que durante el mes de septiembre del 2022, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 eran contra militares, sin embargo, sólo se ejercitaron cuatro.
Las restantes 16 órdenes quedaron canceladas sin que las madres y padres fueran notificados. Ante esto, el ahora ex fiscal Omar Gómez envió 38 citatorios al Ejército mexicano, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió a López Obrador solicitar a dicha institución poner a disposición la información que posee, pero hasta el momento no hay una respuesta positiva.
En la manifestación participó el colectivo de familiares de desaparecidos Lupita Rodríguez, quienes lamentaron que en Guerrero se sigan presentando casos de desapariciones y este día se tiene más de 4 mil casos de desaparición, mientras que las autoridades se niegan iniciar las denuncias de manera rápida y eficiente pues piden esperar 72 horas cuando el proceso homologado los obliga a iniciar la querella de manera inmediata.
Por su parte la representante del colectivo de solidaridad con los familiares de las víctimas del 60 Roberta Campos, criticó a la gobernadora que ha declarado que Guerrero es un santuario en el que se respetan los derechos humanos cuando todos los días se tiene casos de violencia de ejecuciones, de desapariciones y de más violaciones a los derechos fundamentales.
