La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió una recomendación al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y al Fiscal General de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, derivado de un enfrentamiento en Acapulco entre Policías Ministeriales federales y estatales que dejó una persona inocente muerta, así como la inadecuada investigación del caso.
A través de un comunicado, la Comisión asegura que la persona en mención perdió la vida como consecuencia del uso excesivo de la fuerza de los elementos policíacos, quienes no recurrieron a otros medios a su alcance antes de accionar sus armas de fuego en contra de esta persona, a pesar de que tuvieron tiempo suficiente para hacerlo.
La CNDH señala, en la recomendación 43/2019, la falta de coordinación entre las dos corporaciones en su actuar, al no valorar los efectos de dispararse entre ellos, además de que los integrantes de las mencionadas corporaciones no contaban con uniformes ni vehículos oficiales que los acreditarán como representantes de la autoridad.
Se menciona que cada corporación inició su investigación por separado, sin ordenar la preservación del lugar de los hechos y la recolección de todos los indicios, lo cual derivó una “duplicidad de diligencias y perdida de evidencias”, además de que la Fiscalía Estatal no ordenó el aseguramiento de las armas de fuego y los vehículos involucrados.
Por su parte, el Ministerio Público de la Federación omitió realizar diversas pruebas periciales en la Averiguación Previa 2, como el dictamen en materia de química forense respecto de la existencia de elementos de pólvora por arma de fuego a los elementos de la Policía Federal Ministerial, entre otras anomalías.
Dichas omisiones de las dos dependencias afectaron la procuración de justicia en agravio de las victimas que resultaron de manera indirecta, a quienes no se les brindó atención psicológica para disminuir su afectación por la pérdida de un ser querido.
Por lo antes mencionado, la CNDH recomendó a la FGR y a la FGE que, “en Coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, se repare integralmente el daño, que incluya atención psicológica, tanatológica e indemnización a las víctimas indirectas, y se les inscriba en el Registro Nacional y Registro Estatal de Víctimas”.
Así también, la dependencia federal deberá dar continuidad a la integración y perfeccionamiento de la Averiguación Previa 4, iniciada por el homicidio de la víctima para dar celeridad y determinar responsabilidades a los servidores públicos que resulten involucrados, entre otras acciones como la capacitación de los elementos policíacos.
Mientras que a la FGE se le solicita continuar con la integración de la Averiguación Previa 5, en la cual se investiga las posibles violaciones a los derechos humanos en agravio de la víctima, a fin de acelerar y también fincar responsabilidades a los policías que participaron en los hechos, entre otros puntos.
