En el tercer día que Chilpancingo se encuentra sin transporte debido a las agresiones que se registraron a choferes del servicio público, empresarios de la capital condenaron los hechos y urgieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno hacer su trabajo para que restablezca la normalidad en esta ciudad.
Las calles de la ciudad se encuentran desoladas, apenas algunos vehículos transitan por ellas, las escuelas se mantienen cerradas y las oficinas de gobierno trabajando a más o menos la mitad de su capacidad.
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En este tenor el dirigente del centro empresarial Coparmex Iván Salgado Ramírez urgió a las autoridades a garantizar la seguridad, la justicia, el orden y la paz a favor de la ciudadanía para que cuente con las condiciones de movilidad que requiere en su vida cotidiana.
“Es innegable que el sector del transporte público desempeña un papel crucial para la comunicación de la población ya que facilita el acceso a su lugar de trabajo, a sus centros educativos y tareas sociales. Por ello, condenamos los diversos actos violentos en los diferentes puntos de la ciudad como un atentado contra la paz, la estabilidad social y la seguridad de las y los ciudadanos”.
El empresario estableció que en la ciudad se mantiene la situación de inseguridad y violencia a pesar de notorio despliegue de las autoridades de los tres niveles de gobierno que buscan restablecer la paz.
“Como Sindicato Patronal que promueve el bien común, creemos que es primordial que se garantice el derecho a la seguridad pública, se asuma un papel proactivo y contundente para abordar esta problemática fortaleciendo las medidas de prevención del delito y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad”.
El llamado empresarial se realiza en medio de la crisis que mantiene semiparalizada a la capital por la falta de transporte y en el caso de los comercios trabajando con pérdidas incuantificables, pues además de que tienen que pagar rentas, servicios, empleados y todo tipo de gastos, no hay ingresos porque la población no sale a consumir.
“Reiteramos nuestra petición a los tres niveles de gobierno para que promuevan una cultura de respeto, solidaridad y colaboración con la ciudadanía y los medios de transporte; pedimos el fortalecimiento y la coordinación interinstitucional entre las diferentes dependencias gubernamentales y organismos de seguridad, para que cumplan con su obligación constitucional de brindar seguridad a la población, incluyendo la aplicación rigurosa de las leyes y la implementación de mecanismos de atención y apoyo a las víctimas de la delincuencia y sus familiares”.
