El ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, fue absuelto por un juez federal por su presunta culpabilidad en el secuestro de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ocurrido la noche del 26 y madrugada del 26 de septiembre de 2014, aunque la resolución aún puede ser impugnada.
Fuentes judiciales confirmaron a El Sol de México que el juez del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinó que no existen evidencias de su plena responsabilidad en el crimen, ello pese a que apenas hace un mes la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa apuntó a que Abarca habría quien dio la orden para que los jóvenes fueran asesinados.
Preso desde 2014 en el penal del Altiplano, en el Estado de México, el ex alcalde perredista no podrá salir en libertad ya que aún le queda enfrentar al menos dos procesos más en su contra. Uno por su presunta relación con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, y otro por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.
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La absolución de Abarca se da a un mes de que el gobierno federal presentó su último informe de labores respecto al caso Ayotzinapa. En él, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló directamente que el exedil, identificado con la clave “A1” durante los sucesos que derivaron en la desaparición de los jóvenes, habría sido quien dio la orden de darles una “chiga” y después de desaparecerlos.
"Estamos diciendo quiénes dieron la orden. Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación", dijo el 26 de agosto en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicho informe, acusó que la llamada “verdad histórica” que apunta que los jóvenes fueron atacados por un grupo criminal y posteriormente incinerados en el basurero de Cocula es falsa, en cambio, aseguró, fue un crimen de Estado, pues autoridades de los tres niveles de gobierno estaban al tanto de lo acontecido.
“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado (...) En resumen, se trató de un crimen de Estado”, subrayó.
Luego de la presentación de los avances de la investigación el 25 de agosto, la tarde siguiente fue detenido el exprocurador General de la República y artífice de la “verdad histórica”, Jesús Murillo Karam, por los cargos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, por los que permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Norte.
Ese mismo fin de semana, un juez federal a petición de la Fiscalía General de la República giró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa adscritos a los batallones 27 y 41 de la Secretaría de Defensa Nacional por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas.
Órdenes que también incluyen a 26 elementos de las policías municipales de Huitzuco, seis de Iguala y uno Cocula; 11 policías del estado de Guerrero, cinco autoridades administrativas y judiciales; y 14 presuntos integrantes de Guerreros Unidos, a quienes se les atribuye la responsabilidad de la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de los estudiantes.
