El pasado 30 de enero, los guerrerenses conmemoramos el 169 aniversario de un hecho imprescindible para entender la ingeniería constitucional guerrerense, me refiero a la instalación del Primer Congreso Constituyente del Estado en la ciudad de Iguala, entonces capital provisional de nuestra entidad federativa.
Cabe recordar que Guerrero no fue un Estado signatario original del Pacto Federal de 1824, y que tuvo que transitar por varias décadas de enfrentamientos internos entre las fuerzas políticas locales, para poder lograr finalmente alcanzar su soberanía el 27 de octubre de 1849, momento en el que el Congreso de la Unión, después de intensos debates, hizo la declaratoria de su creación. Días después, el 5 de diciembre del mismo año se erigió el Estado de Guerrero de jure, por medio la publicación del decreto 3346 en el periódico oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
La instalación del Congreso Constituyente del Estado de Guerrero, el 30 de enero de 1850, marcó el inicio del proceso de consolidación institucional de la entidad, dotando del primer ordenamiento jurídico de carácter organizacional para la entidad, mismo que fue publicado el 26 de junio de 1851 en el Periódico Oficial del estado por el gobernador Juan Álvarez. Fue en esta Constitución donde se sentaron los anhelos y las principales demandas sociales de los guerrerenses.
Nuestro Estado, no sólo es cuna del constitucionalismo mexicano, hecho que se fraguó con la apertura del Congreso de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, también participó de manera activa y trascendental en los debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, por medio de la voz de sus representantes electos, para instituir el texto que nos rige hoy en día, y que el próximo 5 de febrero cumplirá 99 años de su promulgación.
Por ello es que éste es un momento propicio para recordar nuestros orígenes constitucionales, pero sobre todo las raíces fundacionales de nuestro Estado, y tomando en consideración que el proceso de fortalecimiento y perfeccionamiento de nuestras instituciones es permanente, y que debe ir acompañado de más y mejores reformas que transformen el devenir de nuestro Estado.
