Han pasado más de tres meses desde que el Congreso del Estado de Guerrero aprobó diversas reformas al Código Civil local, con el que quedaron establecidos los matrimonios igualitarios, pero a la fecha aún hay trabas para su implementación.
El 25 de octubre de 2022 fueron aprobados por mayoría de votos, y fue hasta dos meses después que las reformas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, pero sigue sin haber una fecha en que estos pueden consumarse.
Diversos colectivos LGBTI han insistido en que han sufrido violencia institucional por parte del gobierno de Guerrero, porque se trata de un tema ya legislado por el Congreso que sigue sin aplicarse, lo que atenta contra sus derechos.
Max y Julián, son una de las parejas que habían proyectado casarse el año pasado, pero decidieron esperar a que los matrimonios igualitarios fueran aprobados por el Congreso local, en vez de ir a otros estados donde la unión es legal.
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Suman casi seis años juntos, y a la fecha, continúan sin hacer realidad sus sueños de vivir como un matrimonio y contar con todos los derechos que esto implica.
El martirio para ellos inició después de que el tema fuera aprobado por el Congreso, ya que en múltiples ocasiones han buscado información ante las autoridades municipales para por fin poder ser reconocidos ante la ley.
En una de esas ocasiones, incluso han sufrido discriminación por parte de los propios servidores públicos, por el siempre hecho de tener preferencias sexuales distintas.
“Me comentó que fue a pedir información ahí en el ayuntamiento, y cuando les comentó que era para personas del mismo sexo, dice que algunas de las personas de ahí nada más se vieron entre ellos y se rieron, pero le dijeron que si estaba legal pero que hacían falta algunos protocolos”, señaló Max.
Para Max, actos como estos, que provienen de servidores públicos no deberían de existir en los tiempos actuales por los que atraviesa la sociedad, ya que cuestiones como las burlas y discriminación ya deben quedar en el pasado.
En las diversas visitas que la pareja ha realizado para pedir información sobre si ya pueden casarse, algunos argumentos de las oficinas son relacionadas a que falta documentación y formatos para que los matrimonios sean válidos.
En una ocasión, durante el mes de diciembre, un funcionario del ayuntamiento les informó que tendrían que esperar alrededor de 180 días, para que pudieran casarse y que esta unión fuera completamente legal.
Más allá de la cuestión civil, lo que busca la pareja formada por Max y Julián, es que puedan gozar de ese derecho, como lo hace cualquier pareja heterosexual, y también a aspirar a formar una familia.
La idea de la paraje es esperar que los matrimonios sean legales en la entidad, y que puedan formar parte de la historia, como una de las primeras parejas en contraer nupcias y con ello, enviar un mensaje de que valió la espera una lucha ganada por el movimiento LGBTI.
