Este viernes se iniciará la entrega de los restos de seis personas a familias de Chilapa, Zitlala y Atlixtac, que por más de tres años los han buscado y se localizaron en el Semefo de esta capital, con el trabajo que realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense.
El dirigente del Centro Morelos de Derechos Humanos, Manuel Olivares, resaltó que el trabajo realizado por los argentinos vino a evidenciar la deficiencia con que han realizado el trabajo en la Fiscalía estatal, en la que no han tenido la capacidad de realizar la toma de muestras y las comparaciones con las bases de datos, por eso tiene más de 700 cadáveres en los Semefos.
Los restos fueron encontrados en una fosa cerca de Chilapa, hace más de tres años y a pesar de que había ciertos indicios de que podrían ser los familiares buscados, la Fiscalía no realizó las pruebas de ADN hasta que se pidió el apoyo del equipo Argentino, que realizó un peritaje independiente.
“Después de vivir un doloroso calvario de incertidumbre durante casi cuatro años, seis familias indígenas de Chilapa, Zitlala y Atlixtac recibirán los restos de sus desaparecidos que permanecieron casi tres años en el Servicio Médico Forense sin ser identificados”.
Los restos fueron localizados dentro de las seis fosas en el paraje conocido como “El Huizache” el 5 de enero del 2015, ahí se rescataron diez cuerpos completos y once cabezas, mismos que no fueron confrontados con perfiles genéticos de las familias que realizaron sus denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Manuel Olivares acusó que la Fiscalía Local tenía las muestras de los cadáveres y la PGR tenía las muestras genéticas de las familias y nunca realizaron la confronta de perfiles que habría llevado a la identificación de los cadáveres, con ello prolongaron el dolor y la desesperación de los familiares.
Los parientes de desaparecidos criticaron que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, les ha negado apoyo para las familias que recibirán los cadáveres, pues sólo ha ofrecido aportar el ataúd y el traslado a su lugar de origen.
“La mayoría tendrá que endeudarse para cubrir los gastos que se van a generar al realizar los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres, mientras que en la fracción XVI del artículo 60 de la Ley General De Atención a Víctimas, establece que es una obligación de los funcionarios públicos a cubrir los gastos de inhumación de acuerdo a la cultura de las víctimas con flexibilidad en la comprobación, principalmente para las familias de los pueblos indígenas”.
