Un grupo de mujeres jóvenes que presuntamente han sido presuntamente abusadas sexual y laboralmente por el propietario de una cafetería, denunciaron que la Fiscalía han sido apáticos para atender sus casos, algunas siquiera pudieron poner denuncias y otras tiene un año sin movimiento.
Ante la inacción de la autoridad, las jóvenes llamaron a sumarse a una marcha el próximo domingo 25 de junio, para visibilizar sus casos y demandar a la Fiscalía General del Estado dar trámite a denuncias que interpusieron formalmente y proceder contra funcionarios que les han negado el acceso a la justicia.
Las jóvenes Adriana Miranda Flores, y Adami Mejía, relataron que fueron empleadas de una cafetería de nombre Smart Coffeeshop, en este lugar el propietario de nombre Francisco, aprovechó su posición patronal para abusar laboralmente de ellas y a una enamorarla para tener una relación marital, la otra fue abusada luego de que le dieran una bebida que le hizo perder el conocimiento.
La joven Adami relató que el propietario le exigía trabajar más, fuera del horario normal, y no le pagaba por ello, sólo “te dice cosas bonitas que te dará algo que vas a progresar con él, y así te va embaucando”.
Resaltó que un día después del trabajo le invitó un trago y tras tomarlo perdió el conocimiento y él estando así se aprovechó sexualmente de ella, de momento no supo cómo proceder meses después acudió al Ministerio Público a tratar de interponer una denuncia pero no quisieron levantarla “porque dejó pasar tiempo”.
Adriana tenía una relación formal con el propietario de la cafetería y tras sufrir malos tratos y enterarse de lo que ha hecho con sus compañeras, decidió interponer una denuncia formal que se asentó como Violencia familiar equiparada dolosa, ello porque al no estar casados no se pudo tipificar como violencia intrafamiliar.
Las quejosas explicaron que en este momento cinco mujeres de entre 18 y 25 años han denunciado haber sido víctimas del abusador, y saben que existen al menos otras 8 con las que no tiene contacto.
Detallaron que lamentablemente en la fiscalía se está protegiendo a este agresor porque su familia tiene contactos de muy alto nivel con personas que han sido magistrados y funcionarios de gobierno por eso la necesidad de hacer público su caso para que el tema se visibilice y otras mujeres que estén en la misma situación no permitan seguir siendo víctimas de agresores sexuales o laborales.
