El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas, anunció que la actual administración iniciará un proceso legal en la Fiscalía General del Estado, en contra de la ex secretaria de obras públicas de la administración pasada, Luz María Meraza Radilla, por incurrir en irregularidades en los pagos de obras que no se concluyeron.
En entrevista Javier Salinas, explicó que la ex funcionaria avaló un pago por la cantidad de tres millones y medio de pesos a la empresa constructora “AKKUN”, que se encargaría de realizar la primera etapa de la construcción del nuevo ayuntamiento en el centro de la ciudad, y sólo se ejecutaron trabajos por dos millones de pesos, faltando un millón y medio por justificarse.
“La empresa contratista cobró el anticipo, y no finiquitó el total del recurso que recibió en el mes de septiembre del año pasado, y no ejecutó el total del dinero, por lo que la demanda, será contra la ex secretaria la ingeniera Meraza, quien autorizó un pago por unos trabajos que no estaban ejecutados en su totalidad en una primera etapa, así mismo en la demanda también se integrara la empresa constructora que tiene su razón social en la ciudad de Chilpancingo”, expresó el funcionario municipal.
Argumentó, que la irregularidad cometida con este presupuesto pagado a una empresa constructora representa una defraudación al municipio, la ley determina que el pago de una obra se debe de hacer cuando se tiene un expediente de obra concluido, y en esta ocasión se entregó el dinero solo con la presentación de una factura lo cual no es correcto por lo que se debe de proceder.
Manifestó que, en la actualidad, la actual administración, requerirá alrededor de unos 60 millones de pesos, para terminar al cien por ciento la obra del nuevo ayuntamiento, por otro lado, el titular de obras públicas, dio a conocer que es urgente rehabilitar la planta potabilizadora de agua que la Capama tiene en la zona de El Cayo.
Señaló que, aunado a la obra del ayuntamiento nuevo, la pasada administración, dejó irregularidades en otras dos acciones cada una de estas con un costo de ejecución de un millón de pesos, estas son desde el 2015, en estas también se dieron los anticipos, y no se ejecutaron por parte de dos empresas constructoras las cuales ya están detectadas.
