/ jueves 4 de febrero de 2021

Quieren al Ejército en las calles sólo 18 meses

Legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD buscan regular la actuación de Fuerzas Armadas

La oposición en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para regular la actuación de las Fuerzas Armadas, que incluye un límite de 18 meses a su presencia en las calles y siempre bajo un mando civil.

La iniciativa presentada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano es en respuesta al decreto del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, publicado el 11 de mayo, que permite al Ejército y a la Marina permanecer en tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024.

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La propuesta de la oposición busca que las tareas de seguridad del Ejército sean excepcionales, con el debido proceso, complementarias, de mínima intervención, temporalidad, territorialidad, garantizando los derechos humanos y con subordinación al mando civil.

“Las instituciones de la Fuerza Armada Permanente no podrán dirigir o coordinar operativos de restauración del orden público tanto civil como al interior de centros penitenciarios sino exclusivamente para brindar atención médica y evacuación de emergencia a quien así lo requiera”, subraya la iniciativa que busca expedir la ley federal que regula la disposición de las instituciones de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Además, pretende que en el desempeño de funciones preventivas de los delitos, las Fuerzas Armadas puedan reaccionar en caso de flagrancia, llamados de auxilio y apoyo a autoridades policíacas del orden civil.

En la iniciativa se establece que las tareas de seguridad pública que desempeñen las Fuerzas Armadas serán por un periodo máximo de 18 meses.

“La vigencia del Acuerdo de Disposición será de 18 meses, como plazo máximo. En caso de que persistan las razones de la necesidad del despliegue del Grupo de Tarea, se deberá realizar una nueva solicitud, actualizando la información señalada en esta ley”.

Además, buscan que los militares entreguen periódicamente un informe de sus actividades.

“Los integrantes de la Fuerza Armada Permanente sólo realizarán actos de molestia a particulares como inspecciones, controles preventivos provisionales y diligencias que recaigan sobre propiedades y posesiones, mediante directrices de apoyo derivados de la orden expresa y directa de la superioridad civil y bajo la dirección del Ministerio Público o en cumplimiento de órdenes judiciales. En estos supuestos se dispondrá únicamente de la participación de los efectivos que cuenten con el certificado correspondiente”, subraya la iniciativa.

Para el despliegue excepcional del Ejército en tareas de seguridad, los gobernadores deberán realizar una solicitud a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación, pero tendrá que ser sometida a la consideración del fiscal General de la República, quien deberá responder en las siguientes 72 horas.

El 11 de mayo de 2020, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan permanecer en las calles de aquí a 2024, tiempo en el que se calcula se consolidaría la Guardia Nacional como fuerza de seguridad.

“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, dice el decreto.

La oposición en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para regular la actuación de las Fuerzas Armadas, que incluye un límite de 18 meses a su presencia en las calles y siempre bajo un mando civil.

La iniciativa presentada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano es en respuesta al decreto del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, publicado el 11 de mayo, que permite al Ejército y a la Marina permanecer en tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024.

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La propuesta de la oposición busca que las tareas de seguridad del Ejército sean excepcionales, con el debido proceso, complementarias, de mínima intervención, temporalidad, territorialidad, garantizando los derechos humanos y con subordinación al mando civil.

“Las instituciones de la Fuerza Armada Permanente no podrán dirigir o coordinar operativos de restauración del orden público tanto civil como al interior de centros penitenciarios sino exclusivamente para brindar atención médica y evacuación de emergencia a quien así lo requiera”, subraya la iniciativa que busca expedir la ley federal que regula la disposición de las instituciones de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Además, pretende que en el desempeño de funciones preventivas de los delitos, las Fuerzas Armadas puedan reaccionar en caso de flagrancia, llamados de auxilio y apoyo a autoridades policíacas del orden civil.

En la iniciativa se establece que las tareas de seguridad pública que desempeñen las Fuerzas Armadas serán por un periodo máximo de 18 meses.

“La vigencia del Acuerdo de Disposición será de 18 meses, como plazo máximo. En caso de que persistan las razones de la necesidad del despliegue del Grupo de Tarea, se deberá realizar una nueva solicitud, actualizando la información señalada en esta ley”.

Además, buscan que los militares entreguen periódicamente un informe de sus actividades.

“Los integrantes de la Fuerza Armada Permanente sólo realizarán actos de molestia a particulares como inspecciones, controles preventivos provisionales y diligencias que recaigan sobre propiedades y posesiones, mediante directrices de apoyo derivados de la orden expresa y directa de la superioridad civil y bajo la dirección del Ministerio Público o en cumplimiento de órdenes judiciales. En estos supuestos se dispondrá únicamente de la participación de los efectivos que cuenten con el certificado correspondiente”, subraya la iniciativa.

Para el despliegue excepcional del Ejército en tareas de seguridad, los gobernadores deberán realizar una solicitud a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación, pero tendrá que ser sometida a la consideración del fiscal General de la República, quien deberá responder en las siguientes 72 horas.

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