Reporteros de diversos medios de comunicación se manifestaron afuera de las oficinas de la delegación de la Fiscalía General de la República en solidaridad con sus homólogos e la ciudad de Iguala que el pasado martes dieron a conocer que están trabajando bajo amenazas de grupos de la delincuencia organizada.
En la manifestación participaron miembros de la delegación XVII del Sindicato nacional de redactores de la Prensa (SNRP), de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), de la Asociación de Reporteros de Nota Roja y periodistas que no militan en ninguna organización, quienes dijeron que a pesar de tener muchas veces diferencias ideológicas la lucha por el respeto a la libertad de expresión es un factor común que los une y los obliga a unirse.
A nombre de a APEG, el reportero Jacob Morales indicó que la situación que se vive en la ciudad de Iguala donde los trabajadores de Medios de comunicación viven bajo una ley mordaza impuesta por gobiernos fácticos, contrasta con lo informado por el gobernador Héctor Astudillo en su quinto informe de gobierno donde se aseguró que nuestro estado es mucho más seguro que hace cinco años que inició esta administración.
“Pareciera que lo que escuchamos ayer es una informe de un gobierno de Europa, y no tiene nada que ver con la realidad de lo que se vive en Guerrero donde la población sigue padeciendo la inseguridad”.
Resaltó que en el tiempo que tiene la actual administración gubernamental ocho periodistas han sido asesinados y en los archivos de la Comisión de los derechos Humanos del Estado de Guerrero obran al menos 30 quejas de agresiones que funcionarios han cometido en contra de periodistas.
El reportero Carmelo González Guerrero a nombre de los reporteros de Nota Roja denunció que también en la zona de la montaña se tiene casos de agresiones y amenazas a periodistas por parte de grupos delincuenciales.
Finalmente el representante del SNRP, Luis Blancas Rayo, manifestó la solidaridad incondicional a los reporteros de Iguala que han denunciado amenazas y exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a los organismos defensores de derechos humanos que se brinden garantías para el libre desarrollo de la actividad periodística.
