Podrían perder su registro 5 partidos

Son el Partido Socialista de Guerrero, Partido Coincidencia Guerrerense, Partido de los Pobres de Guerrero, Partido Socialista de México y Partido Impulso Humanista de Guerrero.

Abel Miranda Ayala/Corresponsal

  · miércoles 11 de julio de 2018


CHILPANCINGO, Gro.- De acuerdo con los resultados electorales obtenidos de la jornada del pasado primero de julio, cinco partidos que tenían registro estatal podrían perderlo al no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación total, estos son el Partido Socialista de Guerrero, Partido Coincidencia Guerrerense, Partido de los Pobres de Guerrero, Partido Socialista de México y Partido Impulso Humanista de Guerrero.

De acuerdo con el consejero Edmar León García, en los próximos días sesionará el pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para hacer una declaratoria al respecto, en la que los cinco partidos estarían perdiendo su registro por no haber alcanzado el mínimo de votación necesaria para mantenerlo.

Una vez que se les notifique, los partidos podrían recurrir a derechos de apelación ante Tribunales Electorales, donde si logran argumentos válidos podría revertirse el acuerdo de cancelación de su registro, si no lo logran, la cancelación quedaría en firme y se iniciaría el proceso de liquidación de bienes que se hayan obtenido con recursos públicos.

De acuerdo con el artículo 170 de la Ley Electoral del Estado de Guerrero, el no lograr el tres por ciento de la votación en un proceso electoral ordinario es suficiente para que se cancele el registro y todos los activos que fueron adquiridos con financiamiento público se ponen a disposición de la autoridad electoral.

Esta ley obliga al Instituto a notificar de forma inmediata a los partidos que no lograron el mínimo de votación para que se abstengan de pagar pasivos que tengan y será un interventor quien tome el control de las finanzas, priorizando los derechos de los trabajadores que serán liquidados conforme a lo que establece la ley.

Se cancela la posibilidad de que los bienes adquiridos con recursos públicos sean enajenados a favor de dirigentes, militantes o de cualquier tercero, y el Instituto Electoral tomará posesión de ellos para finiquitarlos.