Policías estatales que fueron despedidos en mayo del 2017, ganaron un amparo en juzgados laborales que obliga al Gobierno del Estado a pagarles sus salarios caídos y además reinstalarlos en sus funciones, en caso de no hacerlo cometería desacato y el caso se trasladaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revocar el mandato del gobernador Héctor Astudillo Flores y del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán.
De acuerdo con el documento que mostraron los policías despedidos, el resolutivo del Juzgado se emitió el pasado 24 de mayo y se establece un plazo de 24 horas para que se cumpla por parte del secretario de Seguridad Pública y el jefe de la Contraloría Interna de la misma dependencia, asimismo se notifica al gobernador para que él inste a su subordinado a cumplir la resolución, de lo contrario, también asume la responsabilidad.
Cabe señalar que en el marco de este proceso, el Gobierno del Estado ya ha sido sancionado económicamente por no atender los requerimientos del Juzgado Federal, y se estableció que si no cumplen con el plazo de 48 horas para pagar a los policías, se les aplicaría una nueva sanción del equivalente a 200 unidades de medida, adicional al proceso legal que se les iniciaría.
Mostrando el documento, los policías que ofrecieron una conferencia de prensa en el patio de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, retaron a Pedro Almazán para que mantenga su postura de soberbia ante los policías, a quienes denostó y profirió tratos denigrantes, «queremos que no pague, que siga retando al Juzgado Federal, que siga creyendo que sus imposiciones son más importantes que la ley, hoy que finalmente un juez federal determinó que nos asiste la razón y si él no lo acata tendrá sus consecuencias legales».
