Policías estatales que fueron despedidos por manifestarse en el interior de su cuartel, en el año 2017, dieron a conocer que ganaron un nuevo amparo de un juez federal con el que se logra sentar un precedente que afectara toda la relación laboral de policías en el país, que están regidos bajo el apartado B del artículo 123 constitucional.
Los policías aseguraron que el amparo establece en primer lugar que los policías que han sido despedidos sin que se hayan cumplido los procedimientos administrativos correspondientes, tiene que atenderse como un proceso administrativo federal y no como un tema laboral.
En este procedimiento administrativo federal, los policías deben contar con asesoría legal del poder judicial, es decir que no se deben tener más casos como el de Guerrero donde el secretario de Seguridad sólo citando un artículo de la ley se convierte en juzgador y determina despedir a 176 policías.
Para hacerlo se debe seguir un procedimiento administrativo en el que se debe emplazar al afectado y someterlo a juicio, en el que tenga la asistencia legal adecuada, misma que de acuerdo con los amparos que se han ganado se tendría que dar desde la defensora pública federal.
Los 176 policías en el 2017 se manifestaron debido a que el entonces secretario de seguridad Pedro Almazán decidió despedirlos, por lo que todos iniciaron un procedimiento legal con el que reclamaron la reinstalación en el cargo, pago de salarios caídos y otras prestaciones, inicialmente el tema fue ventilado en tribunales laborales, después mediante juicios de amparo se llegó a tribunales federales.
El abogado Manuel García Guatemala indicó que recientemente se un juzgado emitió una sentencia similar a la de los policías por un caso de despido de un agente del ministerio público que está regido por el mismo apartado legal y que se consideró violatorio a los derechos humanos.
Insistió en que ahora el despido de un policía de cualquier orden de gobierno tiene que hacerse con fundamentación y siguiendo un procedimiento legal, “penalmente tiene que fundamentar que existe una responsabilidad que afecte a la dependencia o a la sociedad, no hacerlo y actuar de forma arbitraria como lo hizo en su momento el secretario de seguridad, trastoca los artículos 14 y 16 constitucional”.
