Pobladores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, rechazaron recibir apoyos del gobierno del estado que les hicieron llegar como parte del programa de proximidad social, que busca atender la problemática de violación a los derechos humanos que se comete en agravio de menores de edad que fueron armados para ser utilizados como policías comunitarios.
El gobierno del estado envió un camión con despensas que beneficiarían a todos los miembros de esta población también una dotación de juguetes para los niños, pero los lugareños expresaron que no pueden recibir esas dádivas mientras que en una familia se sigue llorando por la desaparición de 4 personas.
Expresaron que en este lugar no se requieren despensas ni juguetes se necesita seguridad y justicia, para que los pobladores puedan trabajar, puedan sembrar y garantizar el sustento de sus hijos, pero mientras se mantenga el acoso del grupo delincuencial conocido como Los Ardillos, de nada les sirve tener una despensa.
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Al respecto el gobierno del estado emitió un comunicado en el que señala, “Con el objetivo de atender de manera prioritaria el interés superior de la niñez en Guerrero, de manera coordinada y en una suma de voluntades entre distintas dependencias del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal se acudió a la comunidad de Ayahualtempa para atender de manera integral con proximidad social la cual no fue aceptada por la población”.
Abe recordar que los niños fueron armados para integrarse como policías comunitarios ante la tensa situación que viven luego e la desaparición de 4 miembros de una familia que acudieron a buscar ganado que salió de sus ranchos y éstos habrían sido plagiados por un grupo armado, ligado a los Ardillos.
Para realizar la búsqueda las autoridades desplegaron operativos coordinados de los tres órdenes de gobierno, que no dieron resultado por eso la policía comunitaria armó a sus niños para que también participen en el proceso de búsqueda o ayuden a cuidar el pueblo mientras los otros buscan.
Ante lo que se consideró una violación a los derechos humanos de los menores que fueron armados, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el delito de corrupción de menores de edad, misma que se encuentra en curso y en su momento tendrá que castigar a los comandantes de la comunitaria, a los padres de los menores e incluso a las propias autoridades que no han garantizado la seguridad en esta comunidad.
La secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del Estado de Guerrero, Xochilt Sosa Rumbo, puntualizó que se privilegió en todo momento el diálogo con la comunidad a quienes se les expuso el gran objetivo en el que se involucra el que la niñez sea atendida de manera integral luego de que un grupo de infantes fueran armados por la policía comunitaria y fueron videograbados, pero la respuesta fue negativa a recibir la proximidad social que les ofrecía la institución.
“Cabe mencionar que el gobierno del estado es respetuoso de la decisión de los pobladores, sin embargo se reitera la disposición para seguir coadyuvando en este diálogo que permita priorizar el interés superior de la niñez, más allá de la decisión de los padres o de las madres de familia, por lo que continuará con estas acciones”, puntualiza el comunicado oficial.