De acuerdo con evaluaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el estado de Guerrero apenas aprueba de panzazo las calificaciones en materia de sistema penitenciario y de reinserción social, debido a que la infraestructura y programas fueron abandonados por décadas, señaló el subsecretario de reinserción social Miguel Ángel Orihuela Hernández.
La mención la realizó durante el evento de Instalación de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario del Estado de Guerrero, en el que se involucran a diversas secretarías del gobierno estatal, además de instancias del gobierno federal y de los 12 municipios donde se tiene instalados centros de reinserción social.
Miguel Ángel Orihuela Hernández, indicó que en el estado de Guerrero se tiene 12 centros penitenciarios que en global tiene una capacidad instalada de 3 mil 817 espacios, mismos que son rebasados pro la cantidad de personas que se tiene purgando penas privativas de la libertad, que son un total de 4 mil 75, reclusos, es decir que se tiene una sobrepoblación de 258 personas.
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De estos internos dos mil 458 ya tienen una sentencia dictada, mientras que mil 617 se encuentran actualmente en proceso legal y en espera de recibir que se determine su situación.
El funcionario reveló que de las evaluaciones que realiza la CNDH se han tenido avances muy importantes pues en el año 2015 la evaluación fue reprobatoria, con un 4. 49, en el 2017 bajamos hasta 4.22, sin embargo a partir del 2018 se tuvo un repunte en las acciones de reinserción social y se logró que la calificación subiera a 5.19 y en el 2020 finalmente se pusiera tener una apobatoria con un 6.28.
Con la instalación de este comité indicó el subsecretario de busca que se tenga una sinergia en todas las áreas gubernamentales de los tres niveles de gobierno que deben sumar esfuerzos para mejorar la infraestructura y las estrategias de reinserción social.
Por su parte la gobernadora Evelyn Salgado Pineda indicó que con este convenio que se firmó de manera interinstitucional se trabajará para que los centros penitenciarios sean garantes del respeto a los derechos humanos de los reclusos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, visibilidad y progresividad, que son principios fundamentales
“No podemos aspirar a un estado progresista sin centros penitenciarios dignos, porque las ciudades se conocen y se califican por la calidad de sus centros penitenciarios”.
En su intervención la gobernadora reconoció que en los penales se tiene círculos viciosos que prosperan debido a condiciones de sobrepoblación, autogobierno y descontrol.
