/ martes 13 de octubre de 2020

Salud y Pemex, las más investigadas por acusaciones de "soplones" de la SFP

El IMSS, el ISSSTE y la petrolera son las tres entidades que tienen más procesos abiertos

El IMSS, el ISSSTE y Petróleos Mexicanos son las entidades de la administración federal que tienen más alertas procedentes por actos de corrupción, con 126 denuncias reportadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Hasta el momento, 523 de más de cuatro mil alertas fueron declaradas procedentes, por lo que estas tres instituciones representan una de cada cuatro acusaciones realizadas entre el 25 de julio de 2019 y el 18 de agosto de 2020.

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El IMSS e ISSSTE concentran 73 investigaciones, que se registraron en medio de la pandemia y que incluyen el acoso laboral y sexual, tráfico de influencias, violación de derechos humanos, nepotismo, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos, conflicto de interés, al igual que delitos y faltas administrativas.

En mayo, el senador Salomón Jara Cruz solicitó a la SFP, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República investigar un probable desvío de recursos a empresas fantasmas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El argumento fue que la corrupción que se gestó durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto debilitó a la institución hasta poner en duda su viabilidad financiera, ya que entre 2014 y 2018, el Seguro Social formalizó contratos con 133 empresas fantasmas.

Dichas operaciones representaron un total de 320.9 millones de pesos, bajo el concepto de adquisición de equipo médico, insumos varios, y mantenimiento de instalaciones hospitalarias para la conservación de infraestructura.

Cuatro meses después de la declaración de Jara Cruz, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció la creación de la Unidad de Integración y Transparencia para combatir la corrupción e impunidad dentro del organismo.

En el caso del ISSSTE, la dependencia investiga irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 mil millones de pesos, según Irma Eréndira Sandoval.

Por otro lado, Pemex fue la oficina que encabezó en solitario el mayor número de denuncias por corrupción, con 53 alertas procedentes. Las acusaciones incluyen a Pemex Exploración y Producción o Pemex Transformación Industrial.

Estas denuncias se suman a las de su exdirector, Emilio Lozoya, por contratos ligados a la brasileña Odebrecht. Las declaraciones implican a exfuncionarios del sexenio anterior, en donde resaltan sobornos o la compra de votos para aprobar la Reforma Energética.

Otro de los sectores con 110 alertas procedentes por corrupción es el de desarrollo económico, que incluye a los servicios de Administración Tributaria (SAT) y al Postal Mexicano (Sepomex).

Estos señalamientos fueron presentados a través de la plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, un mecanismo que permite a cualquier mexicano denunciar actos de corrupción contra cualquier dependencia.

A 16 meses de su arranque, la plataforma recibió cuatro mil 530 alertas ciudadanas, de las cuales 523 fueron aceptadas, lo que representa un porcentaje de efectividad de 11 por ciento.

Del resto de las alertas, mil 160 están en espera de información complementaria y 342 en proceso de análisis y revisión. El resto de las alertas fue desechado.






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El IMSS, el ISSSTE y Petróleos Mexicanos son las entidades de la administración federal que tienen más alertas procedentes por actos de corrupción, con 126 denuncias reportadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Hasta el momento, 523 de más de cuatro mil alertas fueron declaradas procedentes, por lo que estas tres instituciones representan una de cada cuatro acusaciones realizadas entre el 25 de julio de 2019 y el 18 de agosto de 2020.

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El IMSS e ISSSTE concentran 73 investigaciones, que se registraron en medio de la pandemia y que incluyen el acoso laboral y sexual, tráfico de influencias, violación de derechos humanos, nepotismo, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos, conflicto de interés, al igual que delitos y faltas administrativas.

En mayo, el senador Salomón Jara Cruz solicitó a la SFP, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República investigar un probable desvío de recursos a empresas fantasmas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El argumento fue que la corrupción que se gestó durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto debilitó a la institución hasta poner en duda su viabilidad financiera, ya que entre 2014 y 2018, el Seguro Social formalizó contratos con 133 empresas fantasmas.

Dichas operaciones representaron un total de 320.9 millones de pesos, bajo el concepto de adquisición de equipo médico, insumos varios, y mantenimiento de instalaciones hospitalarias para la conservación de infraestructura.

Cuatro meses después de la declaración de Jara Cruz, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció la creación de la Unidad de Integración y Transparencia para combatir la corrupción e impunidad dentro del organismo.

En el caso del ISSSTE, la dependencia investiga irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 mil millones de pesos, según Irma Eréndira Sandoval.

Por otro lado, Pemex fue la oficina que encabezó en solitario el mayor número de denuncias por corrupción, con 53 alertas procedentes. Las acusaciones incluyen a Pemex Exploración y Producción o Pemex Transformación Industrial.

Estas denuncias se suman a las de su exdirector, Emilio Lozoya, por contratos ligados a la brasileña Odebrecht. Las declaraciones implican a exfuncionarios del sexenio anterior, en donde resaltan sobornos o la compra de votos para aprobar la Reforma Energética.

Otro de los sectores con 110 alertas procedentes por corrupción es el de desarrollo económico, que incluye a los servicios de Administración Tributaria (SAT) y al Postal Mexicano (Sepomex).

Estos señalamientos fueron presentados a través de la plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, un mecanismo que permite a cualquier mexicano denunciar actos de corrupción contra cualquier dependencia.

A 16 meses de su arranque, la plataforma recibió cuatro mil 530 alertas ciudadanas, de las cuales 523 fueron aceptadas, lo que representa un porcentaje de efectividad de 11 por ciento.

Del resto de las alertas, mil 160 están en espera de información complementaria y 342 en proceso de análisis y revisión. El resto de las alertas fue desechado.






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